Luego de que el consorcio formado por Talos Energy, Sierra Oil & Gas y Premier Oil & Gas realizará uno de los mayores descubrimientos de petróleo en pozo Zama-1, el cual tiene un potencial de 2 mil millones de barriles de petróleo, el gobierno mexicano festejo el hecho como un éxito de la reforma energética.
Sin embargo, el descubrimiento se extiende más allá del bloque ganado en la primera licitación de la ronda uno, hasta alcanzar uno propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para solucionar este problema, la secretaría de energía trabaja en la redacción de un marco legal que permita delinear como se compartirá este y otros descubrimientos que tengan las mismas características.
Lo cual ha puesto nerviosas a las empresas operadoras, quienes esperan saber cómo está redactado el marco legal para determinar que compromisos financieros se deben de adquirir, por lo que las inversiones han estado detenidas desde julio.
El motivo es que el consorcio debe de pagar el 83% de las utilidades del yacimiento al estado de mexicano, de acuerdo a la oferta que realizó durante la primera licitación de la ronda uno y podría incrementarse aún más si el marco legal redacto por la Secretaría de Energía exija compartir una parte de las utilidades con Pemex.
Con información de Bloomberg
Luego de que el consorcio formado por Talos Energy, Sierra Oil & Gas y Premier Oil & Gas realizará uno de los mayores descubrimientos de petróleo en pozo Zama-1, el cual tiene un potencial de 2 mil millones de barriles de petróleo, el gobierno mexicano festejo el hecho como un éxito de la reforma energética.
Sin embargo, el descubrimiento se extiende más allá del bloque ganado en la primera licitación de la ronda uno, hasta alcanzar uno propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para solucionar este problema, la secretaría de energía trabaja en la redacción de un marco legal que permita delinear como se compartirá este y otros descubrimientos que tengan las mismas características.
Lo cual ha puesto nerviosas a las empresas operadoras, quienes esperan saber cómo está redactado el marco legal para determinar que compromisos financieros se deben de adquirir, por lo que las inversiones han estado detenidas desde julio.
El motivo es que el consorcio debe de pagar el 83% de las utilidades del yacimiento al estado de mexicano, de acuerdo a la oferta que realizó durante la primera licitación de la ronda uno y podría incrementarse aún más si el marco legal redacto por la Secretaría de Energía exija compartir una parte de las utilidades con Pemex.
Con información de Bloomberg
