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Tomas clandestinas, un problema que lejos de disminuir, aumenta

Por: Jorge Arturo Castillo

 

“El problema de las tomas clandestinas ha ido en aumento en los últimos 10 años, de hecho, cada año se reporta entre 15 y 20% más de tomas que el año inmediato anterior; nos hemos acostumbrado a verlo como parte de nuestro paisaje. Como consecuencia, cada seis meses sale el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) o el titular de la Secretaría de Energía (Sener) para anunciar a cuánto asciende el robo de las tomas clandestinas”, explica en entrevista con Oil & Gas Magazine Marcial Díaz Ibarra, abogado consultor del sector de energía.

Lo verdad es que todo está previsto. La petrolera nacional sabe a la perfección cuántos tramos son, en qué zonas, cuántas tomas picadas tienen los ductos y, al final, siempre expresa que redefinirá la estrategia con las instituciones pertinentes, como son las siguientes dependencias: Secretaría de Marina (Semar), Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Sener, Pemex y las policía estatal, municipal y federal, entre otras, pero nada importante sucede.

 

¡Piratas a bordo!

 

Hoy en día, por cierto, existe una nueva modalidad en la toma clandestinas, que son los piratas, como sucedió hace poco tiempo, cuando un barco pirata robó a un barco petrolero en la zona de Campeche.

Las tomas clandestinas constituyen una problemática que va en aumento y no tiene una política pública para terminarlo; tampoco existe una estrategia para diagnosticarlo y definirlo; es una contradicción, ya que a todos dicen importarles el problema pero nadie hace nada.

El drama del combustible robado consiste en que el mismo robo, así como se roba se vende, pero  ¿cómo se abastece a estas personas, los consumidores finales? En realidad no se sabe bien, pero se sospecha que las mismas estaciones de servicio son las que distribuyen el producto

 

Un negocio redondo sin consecuencias

 

Es una realidad apabullante, porque el robo de combustible deja más ganancias que el mismo narcotráfico en algunos estados, en especial en: Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León: “Como decía antes, no se vende en lugares clandestinos, sino en las mismas estaciones de servicio, de ahí que sea un negocio redondo y el gran interés en que esto siga ocurriendo, casi sin consecuencias”.

El día de hoy todo el mundo vende diésel, incluso personas que no estaban en el sector de distribución de combustible al detalle, son personas que no sabían nada sobre el tema, así que de ahí se puede deducir que el mismo diésel robado compite con lo que se vende en las ES, pero éste tiene un precio de, por ejemplo, 16 pesos contra el robado de 12 pesos.

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Díaz insiste: “Todo el mundo sabe lo que pasa, porque no hay una política pública para combatir el problema y acabarlo, además de que nadie le da seguimiento al tema”.

 

Nadie pone cartas en el asunto

 

El año pasado, en 2016, hubo un enfrentamiento -una balacera-  entre huachicoleros y la policía y ejército en la carretera de Puebla, incluso se cerró la autopista por un periodo de seis a ocho horas: “Haber tomado una carretera y enfrentarse con las autoridades y que no se tomen cartas en el asunto, es demasiado arriesgado y peligroso”.

Siempre se escucha que hay una estrategia que coordina Pemex, pero la empresa productiva del Estado no se pone de acuerdo con el ejército; la petrolera debe presentar una denuncia, porque es la dueña del producto y no hay una fiscalía especializada que atienda este tipo de casos.

En opinión de Díaz Ibarra, es necesaria una fiscalía especializada, con el fin de profesionalizar este tipo de casos, además de que los tres niveles deberían estar de acuerdo para que puedan ejercer con coherencia, cada uno en su papel, y por ejemplo, si encuentran a alguien con el combustible robado saber cómo actuar; por el contrario, hoy día, si los detienen, como es delito menor -porque así esta tipificado en las leyes mexicanas-, salen muy rápido de la cárcel.

 

Sanciones más severas y acciones concretas

 

Aunado a ello, las sanciones deberían ser más severas, porque este problema lleva más de una década y no hay una acción concreta y efectiva del gobierno para solucionarlo; además, las firmas extranjeras de venta a detalle que han llegado al país en los últimos tres años tienen esta preocupante para continuar con su inversión en México.

Por si fuera poco, el mismo Pemex no tiene un presupuesto para dar mantenimiento a los ductos, así que no se puede actuar de manera integral. “Si hacemos una comparación con una empresa grande, como Coca Cola, por ejemplo, y a diario se robaran un camión de refrescos, al menos despedirían a alguien, pero en el caso de la petrolera, nada sucede”.

 

Abatir el flagelo

 

El gran problema, insiste, “es que no hay una estrategia que la cual intervengan los tres niveles de gobierno, además de involucrar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque al final ellos deben ver como abatirán este flagelo; en el extranjero nos ven con temor, mientras en México, cada seis meses, nos recetan los mismos informes pero sin ningún avance”.

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Para concluir la entrevista, Díaz Ibarra resalta: “Si al final un funcionario de primer nivel nos anuncia que se robaron millones de pesos (mdp) en hidrocarburo, no sirve de nada tener una ley o penas altas que castiguen el robo si no se pretende actuar”.

 

Tomas clandestinas en números

 

En México el robo de hidrocarburos en ductos creció entre enero y febrero de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, indicaron cifras de Pemex. De acuerdo con el reporte de tomas clandestinas de la empresa productiva del Estado, los dos primeros meses de 2018 se registraron un total de 2,274 perforaciones.

Lo anterior se traduce en un incrementó del robo de combustibles en 38%, comparado contra las perforaciones que se realizaron el primer bimestre de 2017, cuando la petrolera registró un total de 1,647 tomas.

Pemex detallo que las entidades con mayor robo de combustibles en enero y febrero de 2018 fueron: Hidalgo, con 282 tomas ilícitas; Puebla, con 246; Estado de México, con 211; Veracruz, con 206; y Sinaloa, con 204.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó en 2016 que el costo del robo de hidrocarburos en los ductos en México es de 54 mdp diarios, lo que significa una pérdida anual de más de 19 mil mdp para la petrolera mexicana.

El 17 de abril de 2018, el Senado de la República aprobó en lo particular con 63 votos a favor, 20 en contra y una abstención el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, el Código Penal Federal y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, para reducir el robo de combustibles.

De esta manera, con las nuevas modificaciones se otorgaron facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el control y revisión del manejo de los hidrocarburos en toda la cadena suministro. 

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Staff Oil & Gas Magazine

Equipo de redacción de Oil & Gas Magazine, nos gusta escribir sobre temas del sector petrolero nacional e internacional.

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