Por: Ana Fabiola Pérez Cerezo
Durante las últimas semanas, los temas de mayor concurrencia en política giran en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador; mucho se ha comentado sobre el impacto que encabezará en los diferentes sectores: nuevas políticas públicas, proyectos y nombramientos.
Las figuras de los “Súper Delegados” (funcionarios que serán responsables de la comunicación entre los Estados y el Gobierno federal según las declaraciones del presidente electo) resultan al menos mediáticamente, un agravio directo al federalismo.
Ante la clara invasión a competencias de los estados, resulta obligada la pregunta: ¿cuál será el papel de estos delegados federales frente al sector energético?
Por disposición constitucional, corresponde a la Nación establecer la normativa sobre los recursos naturales que provengan del subsuelo, en específico lo relativo a los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, tal y como prevén los artículos 25 párrafo cuarto, 27 párrafos cuarto, sexto y séptimo y 28 párrafo cuarto.
Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica (en cuanto a hidrocarburos y electricidad) a través de: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. En ese sentido, cualquier aspecto que medularmente atente contra el ordenamiento jurídico actual, será una clara violación al estado de derecho.
De ahí que, todos los actores involucrados en el sector energético, debemos vigilar, custodiar, observar y exigir que ningún delegado tenga facultades para dictar, investigar, o instruir sobre temas energéticos que corresponden únicamente a las dependencias federales.
Tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la propia Secretaría de Energía, deben vigilar que este “paquete” no ingrese a temas concurrentes.
No es, ni será competencia de otros funcionarios establecer premisas sobre un sector que apenas está en desarrollo y cuyo potencial puede mermarse si se decide que nuevos actores deben coparticipar.
La ya compleja red de regulación y reguladores debe transparentarse para permitir la cooperación entre las entidades federativas y el gobierno federal, por lo cual, en el temido supuesto de que los delegados federales busquen establecer políticas sobre el sector energético, será el Poder Judicial Federal, quien como contrapeso debería dictar las medidas de protección correspondientes.
Como observadores, los ciudadanos, autoridades energéticas, contratistas y asignatario, debemos estar atentos frente a cualquier acción que pueda vulnerar el estado de derecho.
Por: Ana Fabiola Pérez Cerezo
Durante las últimas semanas, los temas de mayor concurrencia en política giran en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador; mucho se ha comentado sobre el impacto que encabezará en los diferentes sectores: nuevas políticas públicas, proyectos y nombramientos.
Las figuras de los “Súper Delegados” (funcionarios que serán responsables de la comunicación entre los Estados y el Gobierno federal según las declaraciones del presidente electo) resultan al menos mediáticamente, un agravio directo al federalismo.
Ante la clara invasión a competencias de los estados, resulta obligada la pregunta: ¿cuál será el papel de estos delegados federales frente al sector energético?
Por disposición constitucional, corresponde a la Nación establecer la normativa sobre los recursos naturales que provengan del subsuelo, en específico lo relativo a los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, tal y como prevén los artículos 25 párrafo cuarto, 27 párrafos cuarto, sexto y séptimo y 28 párrafo cuarto.
Con fundamento en el artículo 4 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica (en cuanto a hidrocarburos y electricidad) a través de: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. En ese sentido, cualquier aspecto que medularmente atente contra el ordenamiento jurídico actual, será una clara violación al estado de derecho.
De ahí que, todos los actores involucrados en el sector energético, debemos vigilar, custodiar, observar y exigir que ningún delegado tenga facultades para dictar, investigar, o instruir sobre temas energéticos que corresponden únicamente a las dependencias federales.
Tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la propia Secretaría de Energía, deben vigilar que este “paquete” no ingrese a temas concurrentes.
No es, ni será competencia de otros funcionarios establecer premisas sobre un sector que apenas está en desarrollo y cuyo potencial puede mermarse si se decide que nuevos actores deben coparticipar.
La ya compleja red de regulación y reguladores debe transparentarse para permitir la cooperación entre las entidades federativas y el gobierno federal, por lo cual, en el temido supuesto de que los delegados federales busquen establecer políticas sobre el sector energético, será el Poder Judicial Federal, quien como contrapeso debería dictar las medidas de protección correspondientes.
Como observadores, los ciudadanos, autoridades energéticas, contratistas y asignatario, debemos estar atentos frente a cualquier acción que pueda vulnerar el estado de derecho.
