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La nueva reforma política: La centralización del sector

Por: Diego Montaño Apodaca

Hace algunos años la nueva reforma energética dotó de autonomía técnica, operativa y de gestión a distintos organismos desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal, modificando así su naturaleza jurídica. Mediante esta reforma, algunos se elevaron a rango constitucional,  para así  garantizar periodicamente la neutralidad e imparcialidad en la toma de decisiones del sector energético, donde en el caso de los órganos reguladores coordinados en materia energética, los objetivos centrales eran consolidarse como entes que  permitieran una sana competencia en la transición energética y la inversión, mientras que el nuevo papel de las empresas productivas del estado, consistía en una menor intervención por parte del gobierno, a fin de que CFE Y PEMEX, en una participación conjunta con inversionistas, buscaran la forma de solventarse aportando la infraestructura y el capital humano especializado para el desarrollo del ramo.

Asumiendo el poder  el Presidente Andres Manuel López Obrador y la nueva administración, supieron disfrazar sus objetivos e intereses bajo el esquema energético actual propuesto por Enrique Peña Nieto. A partir de ese momento, las políticas públicas en materia energética regresaron a un antiguo modelo, donde el poder ejecutivo participaría como controlador, interventor y protector del sector, priorizando el desarrollo de sus empresas productivas: PEMEX Y CFE, con la única diferencia de que estas actividades se llevarían a cabo con la legislación actual.

No obstante, este nuevo plano que busca la actual administración, no se hubiera concretado sin el bajo y lento rendimiento que tuvo la reforma energética, especialmente en el sector de hidrocarburos. La administración anterior aseguró y dinfundió las metas que alcanzaría la reforma como una oportunidad para el desarrollo economico y en beneficio de los bolsillos de todos los mexicanos, sin tomar en cuenta que el verdadero objetivo a corto plazo, era una reforma que rescataría al sector energetico en el que estamos estancados.

Al igual que muchos Mexicanos, el actual Presidente puso mayor enfasís en el primer objetivo, por lo que al no ver los resultados esperados en la economía nacional, optó que fuera el estado quien participaría practicamente en la totalidad de las inversiónes de la industria energetica a través de sus empresas productivas. El Presidente sabía, que si acababa con la reforma energética, podía crear incertidumbre en los mercados y la industria privada, por lo que fue más cauteloso y se percato que era una reforma flexible sin tener que hacer diversas adaptaciones al marco jurídico.

Como resultado, los organos reguladores y las empresas productivas han sufrido cambios en sus organos de gobierno, pero el problema de fondo no son los nuevos nombramientos que se sometieron en la CRE, CNH o los consejeros que están por nombrarse en PEMEX, por hablar de algunas dependencias; sino la incapacidad de contar con integrantes comprometidos en los órganos de gobierno que asuman la responsabilidad para la que fueron designados, cumpliendo su periodo como lo establecen las normas y sin renunciar cada que exista una transición por parte del ejecutivo. No es ninguna casualidad que la reforma energética y las designaciones de los integrantes de los órganos, se crearan bajo un esquema que busca garantizar la seguridad energética en transiciones políticas y, así permitir un criterio profesional y constructivo en la toma de decisiones del sector energético durante cada transición.

El presidente Andrés Manuel López Obrador colaboró para que en una misma agenda,  en la que participan órganos reguladores, empresas productivas del estado, secretarías, organismos descentralizados y desconcentrados, sin importar su orden jerarquico, estén subordinados al plan energético que planea y que encabeza a través de la SENER.

El mensaje es claro, el Presidente logró a través de distintos medios imponer sus plan, por lo que casi todas las decisiones se tomarán desde palacio nacional a pesar de que algunas dependencias por su naturaleza jurídica, esten dotadas de autonomía operativa, técnica y de gestión.

En conclusión, esta es una nueva etapa del sector energético en México, pero que a diferencia de otras etapas, en lugar de ser mediante una reforma al marco jurídico, fue  mediante una reforma al marco político, donde el ejecutivo tendrá el control con las designaciones que ha realizado en la toma de decisiones de todos los entes que participan en el sector.

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Staff Oil & Gas Magazine

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