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Marcial DíazOpinión

Discurso mata todo

Por: Marcial Díaz Ibarra

En estas lineas hago un repaso rápido sobre los antecedentes de un proyecto en donde la CFE (Empresa Productiva del Estado) e inversionistas privados con capitales nacionales e internacionales desarrollaron un proyecto de infraestructura, que el sector necesita.

Antecedentes que motivaron este proyecto.

En 2011 el sistema de gasoductos en su mayoría, era operado y administrado por el Organismo Subsidiario de Pemex denominada PGPB, lo que inhibía la construcción de infraestructura de transporte de GNL. Sin embargo, la caída drástica en la producción del gas natural por parte del entonces Organismo Subsidiario sumado a la saturación del sistema, motivaron la concepción de un plan de incremento en infraestructura de transporte de 12 mil km a 18 mil km de gasoductos, con el cual se abriría la posibilidad de importar de nuestro vecino del norte gas natural a un precio que cada vez más estaba a la baja, lo que hacía el escenario perfecto para el desarrollo de este tipo de proyectos.

¿Cuándo inició?

En 2011, durante la administración de Felipe Calderón, y se volvió más atractivo ante la entrada en vigor de la Reforma Energética, aprovechando el precio a la baja del gas natural en Estados Unidos; La construcción de los gasoductos se materializo prácticamente en el sexenio de Peña Nieto.

7 Gasoductos involucrados en la disputa:

  1. Texas-Tuxpan (Marino) desarrollado por Ienova y TC Energy  y es el que ha tenido mayor relevancia en medios.
  2. Tuxpan- Tula;
  3. Tula-Villa de Reyes, ambos desarrollados porr TC Energy.
  4. Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara;
  5. La Laguna-Aguascalientes, ambos desarrollados por Fermaca;
  6. Samalayuca-Sásabe, desarrollado por Carso, y
  7. Guaymas-El Oro, desarrollado por Ienova.

Con todos estos datos duros ahora si, como decimos los abogados, entremos al fondo del asunto o la litis.

¿Cuál es el origen de la controversia?

El Presidente de México y el titular de la Empresa Productiva del Estado CFE señalaron el 11 de febrero de 2019 que los Contratos suscritos por la EPE con sus contrapartes eran leoninos.

Tres las “razones reales” que están detrás de la controversia:

  • El contenido de las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito,
  • La relativa a pagar por la capacidad del gasoducto.
  • Que éstos no serían propiedad de la CFE. 

¿Qué señalan las cláusulas?

  • Que la CFE debe pagar a su contraparte que cuando se demuestre que los proyectos están detenidos por cuestiones sociales, ambientales o políticas. 
  • Que la CFE tenga que pagar por usar la capacidad del gasoducto -con independencia de usar o no el GNL, pero da la posibilidad de que esa capacidad no usada la puedan comercializar al mejor postor.
  • Que la CFE no tiene opción a ser la propietaria de los gasoductos, ya que las empresas constructoras conservan su propiedad.

¿Cuánto ha pagado la CFE?

Durante 2018, la CFE pagó un monto cercano a 5,800 millones de pesos, por los gasoductos no concluidos debido a que se actualizaban los supuestos de las cláusulas en comento.

En lo que va de este ejercicio se siguen presentando problemas que impiden concluir los proyectos, por lo que dicha Empresa del Estado tendría que pagar un monto aún no determinado ya que sigue corriendo el tiempo.

¿Quién disparó primero?

CFE refiere que fueron las empresas constructoras quienes iniciaron la disputa, solicitando el arbitraje internacional, posición que es desmentida y que contrasta con los posicionamientos y comunicados de prensa de las empresas constructoras de la infraestructura.

Hasta donde tengo conocimiento, la CFE contrató a los abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para la defensa de los siete casos –los abogados externos ya no serán utilizados por la Empresa Productiva ante la falta de presupuesto para asesorías-, por su parte las empresas constructoras están más que armadas con sus equipos legales para hacer frente a la batalla, en caso de que se dé. El arbitraje de llevarse a cabo, sería ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), dicho sea de paso, es uno de los más caros en el mundo.

Ante las diversas presiones, en días recientes, CFE sacó una bandera blanca a sus “rivales”, convocando a una mesa de revisión y negociación de cada contrato.

Pareciera que la prudencia cupo en alguien dentro de la empresa productiva de energía eléctrica y prefirieron persuadir o convencer a sus contrapartes para modificar los términos de las cláusulas en controversia, antes de asumir los grandes costos de una derrota que se ve inminente ante cualquiera que sea la corte o tribunal arbitral en donde se ventile esta disputa.

El daño ya está hecho.

Efectivamente, las acciones o señales de la CFE a través de su Director General de no honrar los términos de los contratos materia de esta entrega,  fueron mal recibidas por el sector y organismos empresariales, por el Embajador de Canadá en México, así como la American Chamber of Commerce, quienes en términos casi similares se manifestaron en el sentido de que las acciones del actual Gobierno crean un clima de incertidumbre para la inversión.

Lo anterior se suma a las reacciones negativas que expresaron las agencias calificadoras, las cuales están alertas de cualquier acto, ley o política –no sólo hoy, lo han estado siempre- que genere un riesgo real al que se enfrenten los inversionistas. 

La ideología y demagogia por encima de lo técnico y jurídico

Esta administración se ha dedicado a sacar a la luz todo lo malo que hicieron las administraciones pasadas –con lo cual estoy de acuerdo y apoyo- pero borrar o desdibujar lo bueno que también hicieron –aunque para ellos sea poco o nulo-; en particular están empeñados en destruir y borrar todo vestigio de lo realizado por la administración de Peña Nieto o que sea producto del neoliberalismo, aunque esto implique el darse un balazo en el pie.

La ideología política de esta administración basada o fundamentada en reposicionar a un papel protagónico a las dos empresas productivas del Estado, antes Monopolios de Estado del Sector Eléctrico y Petrolero, no puede ser avasallador ni pasar por encima de los derechos o compromisos adquiridos previamente por las mismas con otros jugadores de un sector energético que está abierto –y espero así continúe- a la competencia y al cual la Reforma Energética les puso piso parejo para competir en igualdad de condiciones.   

La ideología política o energética de la presente administración, reflejado en un eslogan “Por el Rescate de la Soberanía“, no puede traducirse en atropellos a los inversionistas o a los jugadores actuales del sector; si el objetivo de esta Administración es cumplir o hacer realidad el contenido del eslogan, deben saber que eso sólo lo lograrán generando certeza y seguridad jurídica, a través de políticas públicas en el sector energético que generen confianza en los inversionistas y regulados quienes, a través de asumir un riesgo como en cualquier proyecto, pueden coadyuvar con las dos Empresas Productivas del Estado para generar valor agregado al sector en beneficio de la economía.

No por citarlo es menos importante, pero debemos recordarles a los abogados de la CFE, que fue la propia EPE quien propuso los modelos de contratos en las bases de las licitaciones, por lo que sería una acción digna de un kamikaze el hecho de que ellos mismos ahora estén desconociendo el contenido de clausulados que ellos mismos propusieron, aunque haya sido en administraciones pasadas.

La ideología de esta administración ha inundado no sólo a la CFE y a PEMEX, también trae de cabeza a la CRE, pero esto será tema de una próxima entrega.

Fuentes:  CFE, CONCAMIN, CCE, US-CHAMBER

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Staff Oil & Gas Magazine

Equipo de redacción de Oil & Gas Magazine, nos gusta escribir sobre temas del sector petrolero nacional e internacional.

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