La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett, ha empezado una batalla legal en contra de una serie de contratos para la construcción de gasoductos que, desde la perspectiva de la empresa productiva del Estado, resultan “leoninos” para su causa. La causa detrás de todo esto es que la CFE pagó cerca de 5,800 millones de pesos el año pasado por infraestructura que no estaba terminada debido a las llamadas cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito.
Dichas cláusulas, que están detrás de la solicitud de arbitraje internacional y la negociación iniciada entre la eléctrica nacional y las empresas que obtuvieron el contrato, indican que el gobierno debe pagar al momento que se demuestre que los proyectos están detenidos por cuestiones sociales, ambientales o políticas.
Estas sanciones, aunado a la tarifa que debe pagar la CFE por los contratos, han causado mucho recelo dentro de la actual administración de la estatal, que considera inequitativo e injusto pagar por una infraestructura que nunca será suya.
¿Cómo combatir estas cláusulas?
Sin embargo, la CFE no ha revelado la manera cómo pretende combatir estas cláusulas o los cambios que busca dentro de esta negociación, que inició como una crítica directa y pública a principios del año.
De inicio, en los dos sexenios anteriores, esta infraestructura se valuó en una inversión de 12 mil millones de dólares (mdd), bajo la lógica de incrementar las importaciones del gas natural barato desde Estados Unidos, disminuir el poder monopólico de CFE y ampliar las fuentes de suministro de energéticos.
De 12 mil a 18 mil km de gasoductos en el país
Es importante destacar que los siete ductos sobre los que la CFE interpuso recursos de arbitraje internacional forman parte de un plan diseñado desde 2012 por el gobierno de Felipe Calderón, pero se desplegó en grande en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los problemas de saturación del sistema en esos años, aunado a la caída en la producción de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), impulsaron la creación de este plan para aumentar de 12 mil km a 18 mil km la red de gasoductos en el país, con el fin de aprovechar el gas natural barato del estado sureño de Texas, Estados Unidos. En otras palabras, se pretendía crecer la red de ductos en 6,000 km.
¿Qué dicen los empresarios?
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamín) advirtieron que el arbitraje promovido por la CFE sobre el Gasoducto Marino Sur de Texas – Tuxpan, complicará el abasto de gas natural, a la vez que afectará la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y también.
El CCE dio su posicionamiento que indica a la letra: “La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. Estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente. Dicho arbitraje, incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta de manera negativa a la economía”.
Explicó que la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, que son los del sureste de México, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades.
Asimismo, el organismo empresarial subrayó que obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes.
La decisión de la CFE, argumentó, va en contra del compromiso que el CCE realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el cual el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.
El abasto de gas natural es insuficiente
A su vez, la Concamín recalcó que el abasto de gas natural es insuficiente en el país, lo que ha obligado a muchos de sus agremiados a parar operaciones: “Veíamos como solución a los problemas de abasto el inicio de operaciones del ducto”.
El organismo empresarial externó su preocupación sobre el proceso de arbitraje iniciado por la CFE, ya que podría retrasar el inicio de operaciones del ducto.
Para concluir, sugirió: “Pedimos gire apreciables instrucciones para que se haga lo necesario para que el ducto inicie operaciones lo más pronto posible, y en paralelo, se lleve el proceso de arbitraje”.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett, ha empezado una batalla legal en contra de una serie de contratos para la construcción de gasoductos que, desde la perspectiva de la empresa productiva del Estado, resultan “leoninos” para su causa. La causa detrás de todo esto es que la CFE pagó cerca de 5,800 millones de pesos el año pasado por infraestructura que no estaba terminada debido a las llamadas cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito.
Dichas cláusulas, que están detrás de la solicitud de arbitraje internacional y la negociación iniciada entre la eléctrica nacional y las empresas que obtuvieron el contrato, indican que el gobierno debe pagar al momento que se demuestre que los proyectos están detenidos por cuestiones sociales, ambientales o políticas.
Estas sanciones, aunado a la tarifa que debe pagar la CFE por los contratos, han causado mucho recelo dentro de la actual administración de la estatal, que considera inequitativo e injusto pagar por una infraestructura que nunca será suya.
¿Cómo combatir estas cláusulas?
Sin embargo, la CFE no ha revelado la manera cómo pretende combatir estas cláusulas o los cambios que busca dentro de esta negociación, que inició como una crítica directa y pública a principios del año.
De inicio, en los dos sexenios anteriores, esta infraestructura se valuó en una inversión de 12 mil millones de dólares (mdd), bajo la lógica de incrementar las importaciones del gas natural barato desde Estados Unidos, disminuir el poder monopólico de CFE y ampliar las fuentes de suministro de energéticos.
De 12 mil a 18 mil km de gasoductos en el país
Es importante destacar que los siete ductos sobre los que la CFE interpuso recursos de arbitraje internacional forman parte de un plan diseñado desde 2012 por el gobierno de Felipe Calderón, pero se desplegó en grande en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los problemas de saturación del sistema en esos años, aunado a la caída en la producción de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), impulsaron la creación de este plan para aumentar de 12 mil km a 18 mil km la red de gasoductos en el país, con el fin de aprovechar el gas natural barato del estado sureño de Texas, Estados Unidos. En otras palabras, se pretendía crecer la red de ductos en 6,000 km.
¿Qué dicen los empresarios?
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamín) advirtieron que el arbitraje promovido por la CFE sobre el Gasoducto Marino Sur de Texas – Tuxpan, complicará el abasto de gas natural, a la vez que afectará la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y también.
El CCE dio su posicionamiento que indica a la letra: “La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. Estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente. Dicho arbitraje, incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta de manera negativa a la economía”.
Explicó que la construcción del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, que son los del sureste de México, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades.
Asimismo, el organismo empresarial subrayó que obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes.
La decisión de la CFE, argumentó, va en contra del compromiso que el CCE realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el cual el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.
El abasto de gas natural es insuficiente
A su vez, la Concamín recalcó que el abasto de gas natural es insuficiente en el país, lo que ha obligado a muchos de sus agremiados a parar operaciones: “Veíamos como solución a los problemas de abasto el inicio de operaciones del ducto”.
El organismo empresarial externó su preocupación sobre el proceso de arbitraje iniciado por la CFE, ya que podría retrasar el inicio de operaciones del ducto.
Para concluir, sugirió: “Pedimos gire apreciables instrucciones para que se haga lo necesario para que el ducto inicie operaciones lo más pronto posible, y en paralelo, se lleve el proceso de arbitraje”.
