El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, suspendio temporalmente la inhabilitación por 10 años contra Miguel Ángel Lozada, director general de Pemex Exploración y Producción.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó el 11 de diciembre a Lozada Aguilar por 10 años para ocupar o desempeñar cualquier cargo público por su implicación en la estafa maestra.
A principios de año, la secretaria Sandoval anunció diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos. Además, en abril pasado, la Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició.
En ese marco se identificaron indicios a partir de los cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias resultado de posibles conductas irregulares. Estos procedimientos arrojaron omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, suspendio temporalmente la inhabilitación por 10 años contra Miguel Ángel Lozada, director general de Pemex Exploración y Producción.
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó el 11 de diciembre a Lozada Aguilar por 10 años para ocupar o desempeñar cualquier cargo público por su implicación en la estafa maestra.
A principios de año, la secretaria Sandoval anunció diversas auditorías y acciones específicas en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos. Además, en abril pasado, la Secretaría de la Función Pública presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició.
En ese marco se identificaron indicios a partir de los cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias resultado de posibles conductas irregulares. Estos procedimientos arrojaron omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
