La SCJN otorgó al estado de Tamaulipas una suspensión definitiva contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La Secretaría de Energía (SENER) sufrió hoy otro golpe legal contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicada a inicios de mayo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al estado de Tamaulipas la suspensión contra la política de la SENER que buscaba que las plantas generadoras de energía renovable no entrarán en operación.
La suspensión surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicios de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente hasta que la corte termine el juicio de amparo y protege a todos los interesados en Sistema Eléctrico Nacional.
El 22 de junio, la COFECE anunció que interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo, debido a que la SENER no cuenta con la facultad para emitir reglamentación regulatoria que ignore las facultades de la Comisión.
La SCJN otorgó al estado de Tamaulipas una suspensión definitiva contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La Secretaría de Energía (SENER) sufrió hoy otro golpe legal contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicada a inicios de mayo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al estado de Tamaulipas la suspensión contra la política de la SENER que buscaba que las plantas generadoras de energía renovable no entrarán en operación.
La suspensión surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicios de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente hasta que la corte termine el juicio de amparo y protege a todos los interesados en Sistema Eléctrico Nacional.
El 22 de junio, la COFECE anunció que interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo, debido a que la SENER no cuenta con la facultad para emitir reglamentación regulatoria que ignore las facultades de la Comisión.
