Expertas debatieron sobre los beneficios o inconvenientes de la judicialización del sector energético en el país.
Expertas en derecho del sector energético debatieron hoy en un panel virtual organizado por la revista Oil & Gas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía México 2021 los beneficios e inconvenientes de la judicialización del sector energético nacional.
Las expertas coincidieron que la judicialización del sector energético mexicano es un tema mediático, sin embargo, es parte de un proceso natural, el cual se tenia previsto y que llevará tiempo para concretarse, aunque de momento tendrá un impacto negativo en las inversiones.
Expresaron que la reforma energética es un proceso y como todos los procesos tenía que arrancar con un primer enfoque, el cual era abrir el sector a los privados y de ahí irse mejorando, sin embargo este proceso no se completó y con el cambio de gobierno se dejaron temas muy complicados.
Aurora Pierdant Grunstein, abogada especialista del sector energético, aseguró que estos procesos incompletos sirven al Gobierno Federal para sabotear al sector privado a través de trabas que afectan las inversiones.
Pierdant Grunsteín, considera que la judicialización del sector no es una opción para los inversionistas, por el tiempo que tarda la justicia en resolver los casos, lo cual llevaría a nuevos inversionistas a buscar otras oportunidades en otros países.
Expresó su preocupación por una posible politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución de los casos del sector energético, como sucedió en el caso de la pregunta para enjuiciar a expresidentes.
“Yo veo con pena como abogada las discusiones que se han tenido en la corte, escuche las discusiones de los ministros sobre la consulta popular para el juicio de los expresidentes. Escuche a dos o tres ministros manejando argumentos de gran calidad, pero también escuche a ministros manejando argumentos políticos”.
“Me temo mucho que podamos escuchar uno o unos argumentos por parte de los ministros que no son legales, que no son jurídicos, si no políticos”, señaló.
Por su parte Pilar Galván, socia del despacho, la judicialización del sector no es algo malo, porque los jueces le podrían dar certeza jurídica a todos los participantes.
“Yo no veo a la judicialización del sector como algo negativo… a través del poder judicial se puede conseguir un estado de derecho y a través del poder judicial se puede ofrecer certeza jurídica a todos los participantes”, señaló.
Explicó que las empresas pueden estar tranquilas que una vez que haya precedentes, las empresas podrán tener la certeza de que sus inversiones estarán seguras ante los cambios en la administración pública.
“Antes (las empresas) podrían estar en una situación más bien cómoda con las administraciones pasadas y esta administración parece que de pronto tiene un cambio de paradigma como concibe como de funcionar el sector, finalmente las empresas tenían que estar a la espera de quién iba a ser la autoridad en el poder y a través de un poder judicial fuerte y solido se puede obtener esa certeza” dijo Galván.
En su opinión, el poder judicial ha sabido responder ha dado amparos y aún que lleve tiempo, a la larga tendrá será benéfico para el sector.
“La única manera en la que se puede terminar de configurar todo el marco regulatorio que debe de regir en el sector, sin lugar a duda debe de tener una participación el poder judicial y ha sabido responder con amparos “.
Expertas debatieron sobre los beneficios o inconvenientes de la judicialización del sector energético en el país.
Expertas en derecho del sector energético debatieron hoy en un panel virtual organizado por la revista Oil & Gas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía México 2021 los beneficios e inconvenientes de la judicialización del sector energético nacional.
Las expertas coincidieron que la judicialización del sector energético mexicano es un tema mediático, sin embargo, es parte de un proceso natural, el cual se tenia previsto y que llevará tiempo para concretarse, aunque de momento tendrá un impacto negativo en las inversiones.
Expresaron que la reforma energética es un proceso y como todos los procesos tenía que arrancar con un primer enfoque, el cual era abrir el sector a los privados y de ahí irse mejorando, sin embargo este proceso no se completó y con el cambio de gobierno se dejaron temas muy complicados.
Aurora Pierdant Grunstein, abogada especialista del sector energético, aseguró que estos procesos incompletos sirven al Gobierno Federal para sabotear al sector privado a través de trabas que afectan las inversiones.
Pierdant Grunsteín, considera que la judicialización del sector no es una opción para los inversionistas, por el tiempo que tarda la justicia en resolver los casos, lo cual llevaría a nuevos inversionistas a buscar otras oportunidades en otros países.
Expresó su preocupación por una posible politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución de los casos del sector energético, como sucedió en el caso de la pregunta para enjuiciar a expresidentes.
“Yo veo con pena como abogada las discusiones que se han tenido en la corte, escuche las discusiones de los ministros sobre la consulta popular para el juicio de los expresidentes. Escuche a dos o tres ministros manejando argumentos de gran calidad, pero también escuche a ministros manejando argumentos políticos”.
“Me temo mucho que podamos escuchar uno o unos argumentos por parte de los ministros que no son legales, que no son jurídicos, si no políticos”, señaló.
Por su parte Pilar Galván, socia del despacho, la judicialización del sector no es algo malo, porque los jueces le podrían dar certeza jurídica a todos los participantes.
“Yo no veo a la judicialización del sector como algo negativo… a través del poder judicial se puede conseguir un estado de derecho y a través del poder judicial se puede ofrecer certeza jurídica a todos los participantes”, señaló.
Explicó que las empresas pueden estar tranquilas que una vez que haya precedentes, las empresas podrán tener la certeza de que sus inversiones estarán seguras ante los cambios en la administración pública.
“Antes (las empresas) podrían estar en una situación más bien cómoda con las administraciones pasadas y esta administración parece que de pronto tiene un cambio de paradigma como concibe como de funcionar el sector, finalmente las empresas tenían que estar a la espera de quién iba a ser la autoridad en el poder y a través de un poder judicial fuerte y solido se puede obtener esa certeza” dijo Galván.
En su opinión, el poder judicial ha sabido responder ha dado amparos y aún que lleve tiempo, a la larga tendrá será benéfico para el sector.
“La única manera en la que se puede terminar de configurar todo el marco regulatorio que debe de regir en el sector, sin lugar a duda debe de tener una participación el poder judicial y ha sabido responder con amparos “.
