Existe un consenso internacional para descarbonizar al sector energético a través de lo que se denomina “transición energética”. Este consenso no solo se trata de un catálogo de buenas intenciones, sino que muchos países y agentes económicos diversos están traduciéndolo en compromisos basados en políticas públicas que promueven una mayor y más eficiente penetración de energías renovables en los sistemas eléctricos y de movilidad pública, en políticas de financiamiento de proyectos apegados a compromisos ESG, por parte de los fondos de inversión más grandes del mundo, entre otras políticas.
En la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de París (COP 21), de diciembre de 2015, se alcanzó un acuerdo por parte de los 195 países de la Tierra para plantearse un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con base en las situaciones específicas de cada país, a efectos de no superar un aumento de 1.5ºC en la temperatura promedio global al final del siglo XXI. Para ello, todos los países del orbe deben reducir las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) en 45% para 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la meta de cero emisiones netas a más tardar en 2050, lo cual solo será posible en la medida que los gobiernos se apeguen a políticas de recuperación económica post-Covid consistentes con estas metas de reducción de emisiones.
Los combustibles fósiles son responsables de aproximadamente el 75% de las emisiones de CO2, el cual es un gas de efecto invernadero (GEI), de larga vida en la atmósfera y es el contaminante que más contribuye al calentamiento global. Por ello, es que los mayores esfuerzos internacionales se enfocan en lograr que los sectores energéticos sean cada vez más sostenibles y sustentables. Así, entre los grandes retos en la lucha contra el cambio climático se encuentra la reducción de la correlación que históricamente ha existido entre crecimiento económico y emisiones de GEI. Este vínculo se debe al uso intensivo de combustibles fósiles (principalmente carbón, petróleo y gas natural) para la obtención de energía final, pilar del desarrollo económico moderno hasta finales del siglo XX.
El modelo energético actual, no es sostenible
Hoy en día, ha quedado demostrado que el modelo energético mundial basado en el consumo de combustibles fósiles no es sostenible, y por ello, los esfuerzos globales para lograr una transformación hacia su progresiva descarbonización. Esto requiere como condición necesaria que los gobiernos consideren, entre otras cosas, lo siguiente:
- La regulación energética es fundamental,
- El diseño de los mercados debe ser congruente con el objetivo de emisiones netas cero,
- El precio de la energía debe contemplar todos los costos—privados y sociales— derivados de las externalidades ambientales negativas que la energía provoca en la sociedad en su conjunto, como es la emisión de CO2.
Medir el progreso de 115 países hacia la transición energética
Como parte de los esfuerzos para transitar hacia sistemas energéticos con menor dependencia en combustibles fósiles, en 2021 el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) cumple 10 años de publicar un índice que mide el progreso de 115 países hacia una transición energética[1].
Este Índice de Transición Energética (ETI por sus siglas en inglés) muestra la interdependencia entre la transformación de los sistemas energéticos y aspectos macroeconómicos, políticos, regulatorios y sociales que determinan qué tan preparados están los países para la transición. De esta manera, el ETI da elementos valiosos a los tomadores de decisiones vía indicadores transparentes y objetivos que permiten medir el progreso para lograr los objetivos planteados por cada país.
Cabe destacar que solo 13 de los 115 países evaluados mostraron un avance consistente en sus índices (i.e., mejoras en el índice por arriba del promedio general) durante los 10 años, lo cual refleja la complejidad de lograr avances de manera sostenida hacia la transición energética.
La estructura de cálculo del Índice de Transición Energética está basada en 2 subíndices:
- El primero que evalúa el desempeño del sistema energético en cuanto a su seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental, así como desarrollo y crecimiento económico.
- Y, el segundo, mide la disposición y preparación de los países para lograr la transición a través de la evaluación de las condiciones necesarias para alcanzar las metas.
Así, en 2021 México tuvo una calificación promedio apenas satisfactoria con un índice global de 62[2]. Los subíndices resultantes fueron los siguientes:
Al desagregar por cada dimensión dentro del segundo subíndice los resultados fueron:
- Capital e inversiones destinadas a la transición energética 71.55
- Estructura del sistema energético 70.80
- Capital humano y empoderamiento de los consumidores 26.78
- Compromiso de política pública y regulatoria 68.27
- Instituciones y gobernanza 52.67
- Ambiente de negocios en infraestructura e innovación 48.10
En términos comparativos, México se situó en el lugar 46 dentro de la lista de 115 países evaluados y en el octavo lugar de América Latina:
A revertir el daño que se hace al medio ambiente
México tiene un largo camino por recorrer para posicionarse como un país realmente comprometido con el combate a la crisis climática que afecta al mundo entero. La política energética actual promueve el consumo de combustibles fósiles y la utilización de refinerías altamente contaminantes y no será el programa de “Sembrando Vidas” lo que logre revertir el daño que se está haciendo al medio ambiente y salud de muchos mexicanos con ello.
Por último, cabe hacer énfasis que el éxito del proceso de la transición dependerá de una buena estrategia de comunicación con los ciudadanos a efectos de que sea tomada como propia y deseable por méritos propios y sus beneficios al mundo.
[1] http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2021.pdf
[2] El ETI tiene una escala entre 0 y 100. El promedio global en 2021 fue de 59 y el promedio de América Latina y el Caribe fue de 58.6
Existe un consenso internacional para descarbonizar al sector energético a través de lo que se denomina “transición energética”. Este consenso no solo se trata de un catálogo de buenas intenciones, sino que muchos países y agentes económicos diversos están traduciéndolo en compromisos basados en políticas públicas que promueven una mayor y más eficiente penetración de energías renovables en los sistemas eléctricos y de movilidad pública, en políticas de financiamiento de proyectos apegados a compromisos ESG, por parte de los fondos de inversión más grandes del mundo, entre otras políticas.
En la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de París (COP 21), de diciembre de 2015, se alcanzó un acuerdo por parte de los 195 países de la Tierra para plantearse un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con base en las situaciones específicas de cada país, a efectos de no superar un aumento de 1.5ºC en la temperatura promedio global al final del siglo XXI. Para ello, todos los países del orbe deben reducir las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) en 45% para 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr la meta de cero emisiones netas a más tardar en 2050, lo cual solo será posible en la medida que los gobiernos se apeguen a políticas de recuperación económica post-Covid consistentes con estas metas de reducción de emisiones.
Los combustibles fósiles son responsables de aproximadamente el 75% de las emisiones de CO2, el cual es un gas de efecto invernadero (GEI), de larga vida en la atmósfera y es el contaminante que más contribuye al calentamiento global. Por ello, es que los mayores esfuerzos internacionales se enfocan en lograr que los sectores energéticos sean cada vez más sostenibles y sustentables. Así, entre los grandes retos en la lucha contra el cambio climático se encuentra la reducción de la correlación que históricamente ha existido entre crecimiento económico y emisiones de GEI. Este vínculo se debe al uso intensivo de combustibles fósiles (principalmente carbón, petróleo y gas natural) para la obtención de energía final, pilar del desarrollo económico moderno hasta finales del siglo XX.
El modelo energético actual, no es sostenible
Hoy en día, ha quedado demostrado que el modelo energético mundial basado en el consumo de combustibles fósiles no es sostenible, y por ello, los esfuerzos globales para lograr una transformación hacia su progresiva descarbonización. Esto requiere como condición necesaria que los gobiernos consideren, entre otras cosas, lo siguiente:
- La regulación energética es fundamental,
- El diseño de los mercados debe ser congruente con el objetivo de emisiones netas cero,
- El precio de la energía debe contemplar todos los costos—privados y sociales— derivados de las externalidades ambientales negativas que la energía provoca en la sociedad en su conjunto, como es la emisión de CO2.
Medir el progreso de 115 países hacia la transición energética
Como parte de los esfuerzos para transitar hacia sistemas energéticos con menor dependencia en combustibles fósiles, en 2021 el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) cumple 10 años de publicar un índice que mide el progreso de 115 países hacia una transición energética[1].
Este Índice de Transición Energética (ETI por sus siglas en inglés) muestra la interdependencia entre la transformación de los sistemas energéticos y aspectos macroeconómicos, políticos, regulatorios y sociales que determinan qué tan preparados están los países para la transición. De esta manera, el ETI da elementos valiosos a los tomadores de decisiones vía indicadores transparentes y objetivos que permiten medir el progreso para lograr los objetivos planteados por cada país.
Cabe destacar que solo 13 de los 115 países evaluados mostraron un avance consistente en sus índices (i.e., mejoras en el índice por arriba del promedio general) durante los 10 años, lo cual refleja la complejidad de lograr avances de manera sostenida hacia la transición energética.
La estructura de cálculo del Índice de Transición Energética está basada en 2 subíndices:
- El primero que evalúa el desempeño del sistema energético en cuanto a su seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental, así como desarrollo y crecimiento económico.
- Y, el segundo, mide la disposición y preparación de los países para lograr la transición a través de la evaluación de las condiciones necesarias para alcanzar las metas.
Así, en 2021 México tuvo una calificación promedio apenas satisfactoria con un índice global de 62[2]. Los subíndices resultantes fueron los siguientes:
Al desagregar por cada dimensión dentro del segundo subíndice los resultados fueron:
- Capital e inversiones destinadas a la transición energética 71.55
- Estructura del sistema energético 70.80
- Capital humano y empoderamiento de los consumidores 26.78
- Compromiso de política pública y regulatoria 68.27
- Instituciones y gobernanza 52.67
- Ambiente de negocios en infraestructura e innovación 48.10
En términos comparativos, México se situó en el lugar 46 dentro de la lista de 115 países evaluados y en el octavo lugar de América Latina:
A revertir el daño que se hace al medio ambiente
México tiene un largo camino por recorrer para posicionarse como un país realmente comprometido con el combate a la crisis climática que afecta al mundo entero. La política energética actual promueve el consumo de combustibles fósiles y la utilización de refinerías altamente contaminantes y no será el programa de “Sembrando Vidas” lo que logre revertir el daño que se está haciendo al medio ambiente y salud de muchos mexicanos con ello.
Por último, cabe hacer énfasis que el éxito del proceso de la transición dependerá de una buena estrategia de comunicación con los ciudadanos a efectos de que sea tomada como propia y deseable por méritos propios y sus beneficios al mundo.
[1] http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2021.pdf
[2] El ETI tiene una escala entre 0 y 100. El promedio global en 2021 fue de 59 y el promedio de América Latina y el Caribe fue de 58.6
