Los distribuidores de gas LP piden realizar operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros de trasiego que comercializan el producto de origen ilícito.
Los distribuidores de gas LP consideran prioritario implementar un plan de trabajo que permita atender y combatir de manera estructural el problema de robo de este energético, así como su distribución ilícita.
Esto con el propósito fundamental de reestablecer la seguridad y eliminar este flagelo que tanto afecta a Pemex y que pone en grave riesgo a la población mexicana.
“Los 18 municipios con mayor incidencia de robo de gas LP al ducto de Pemex, son: Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar del Bravo en Puebla; Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa en Tlaxcala; Tepeji del Río en Hidalgo; Nextlalpan en el Estado de México; y, José Azueta en Veracruz”.
“Por lo que consideramos importante fortalecer y focalizar el programa de seguridad, celaje y de reacción inmediata, específicamente concentrado en el tramo del ducto de Pemex que se encuentra en estos 18 Municipios”, explican los distribuidores.
De acuerdo con las asociaciones, el 97% de las tomas clandestinas registradas en Pemex se concentran en los siguientes 5 Estados:
- Puebla con el 61% de las tomas clandestinas (1,462 al año, 4 diarias).
- México con el 17% de las tomas clandestinas (400 al año, 1 diaria).
- Tlaxcala con el 11% de las tomas clandestinas (262 al año).
- Veracruz con el 5% de las tomas clandestinas (122 al año).
- Hidalgo con el 3% de las tomas clandestinas (67 al año).
- Querétaro con el 2.03% de las tomas clandestinas (49 al año).
- Nuevo León con el 0.58% de las tomas clandestinas (14 al año).
- Guanajuato con 0.49% de las tomas clandestinas (12 al año).
- Chiapas con 0.33% de las tomas clandestinas (8 al año).
- Tabasco con 0.16% de las tomas clandestinas (4 al año).
- Chihuahua y Tamaulipas con 0.04% cada uno (1 al año por cada Estado).
Esto provoca que la población mexicana queda vulnerable ante el crecimiento de inseguridad por graves accidentes, que Pemex tiene una afectación patrimonial y económica estimada en 20 mil millones de pesos anuales, se fortalece la distribución ilícita lo que daña la certeza jurídica, económica y fomenta la inseguridad en el país, el ducto de gas LP suspende sus operaciones en el 40% de los días del año, lo que representa 146 días con interrupciones en el flujo del producto en el ducto principal que abastece de este vital producto en el país y se arriesga la garantía de abasto a la población en general por la frecuente interrupción en las operaciones del ducto GLP.
“Consideramos que un esfuerzo focalizado en estos 18 municipios (pero sin dejar de atender a los demás Estados de la República con tomas clandestinas) tendría resultados muy positivos en el combate y disminución de robo de Gas L.P. Actualmente se realizan 7 tomas clandestinas al día en estos ductos y, de no implementarse un programa efectivo, este problema continuaría creciendo, como ha ocurrido en años recientes, con graves consecuencias patrimoniales para Pemex, para las finanzas públicas del país y genera una gran inseguridad para todos los mexicanos”.
Por ello, proponen una solución de fondo a este problema, así como desarrollar e implementar una estrategia integral que involucre acciones coordinadas y complementarias entre sí.
Como son realizar tareas de inteligencia, de investigación, de operación y supervisión en los 18 municipios que concentran el 94% de las tomas clandestinas en el ducto de Pemex, implementar operativos en carreteras de acceso a las principales zonas de distribución, solicitando el CFDI que acredite la procedencia lícita del producto, llevar a cabo operativos en rutas de distribución para verificar la procedencia lícita del producto, así también como operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros clandestinos de trasiego de gas LP, realizar operativos para eliminar las zonas controladas de reparto en las que operan ilícitamente grupos de choque y pseudosindicatos que no permiten la libre competencia, verificando que se acredite la procedencia lícita del producto comercializado, realizar operativos en ruta en la Zona Centro del País (CDMX, Estado de México, Puebla e Hidalgo) como en la Zona Golfo y Sureste (Veracruz, Tabasco y Chiapas) para eliminar los 6 mil equipos de reparto que se estima que no cumplen con la Ley y no están debidamente registrados ante la CRE. Esta práctica expone a la población consumidora a graves accidentes, ya que los equipos y el personal no cumplen con las normas de seguridad y capacitación requerida, tampoco tienen un seguro de responsabilidad civil y ambiental y no cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Asegurar que todo el equipo de reparto pernocte en plantas de Distribución y en Centrales de Guarda registrados ante la CRE, para garantizar que el producto que se distribuye en estos equipos es de origen lícito. Exigiendo el cumplimiento de la Disposición Administrativa de Carácter General en materia de Transporte y Distribución de la Gas L.P. (DOF 22/01/2019) que establece que todos “los equipos de reparto deberán pernoctar en las plantas de distribución y centrales de guarda registradas ante la propia CRE”.
Fortalecer la legalidad y el estado derecho, fomentando la distribución formal que sí cumple con la regulación en materia de seguridad, administrativa y fiscal, mediante la autorización de más de 2 mil permisos y trámites rezagados en la CRE, generando una mayor competencia en los mercados, un mejor servicio y mayores índices de seguridad de operaciones, al contar con equipos de reparto e instalaciones nuevas, privilegiando la libre competencia, el interés social, la seguridad y el beneficio de los consumidores.
Los distribuidores de gas LP piden realizar operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros de trasiego que comercializan el producto de origen ilícito.
Los distribuidores de gas LP consideran prioritario implementar un plan de trabajo que permita atender y combatir de manera estructural el problema de robo de este energético, así como su distribución ilícita.
Esto con el propósito fundamental de reestablecer la seguridad y eliminar este flagelo que tanto afecta a Pemex y que pone en grave riesgo a la población mexicana.
“Los 18 municipios con mayor incidencia de robo de gas LP al ducto de Pemex, son: Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo, Tlahuapan, Los Reyes Juárez, Amozoc, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar del Bravo en Puebla; Calpulalpan, Nativitas y Nanacamilpa en Tlaxcala; Tepeji del Río en Hidalgo; Nextlalpan en el Estado de México; y, José Azueta en Veracruz”.
“Por lo que consideramos importante fortalecer y focalizar el programa de seguridad, celaje y de reacción inmediata, específicamente concentrado en el tramo del ducto de Pemex que se encuentra en estos 18 Municipios”, explican los distribuidores.
De acuerdo con las asociaciones, el 97% de las tomas clandestinas registradas en Pemex se concentran en los siguientes 5 Estados:
- Puebla con el 61% de las tomas clandestinas (1,462 al año, 4 diarias).
- México con el 17% de las tomas clandestinas (400 al año, 1 diaria).
- Tlaxcala con el 11% de las tomas clandestinas (262 al año).
- Veracruz con el 5% de las tomas clandestinas (122 al año).
- Hidalgo con el 3% de las tomas clandestinas (67 al año).
- Querétaro con el 2.03% de las tomas clandestinas (49 al año).
- Nuevo León con el 0.58% de las tomas clandestinas (14 al año).
- Guanajuato con 0.49% de las tomas clandestinas (12 al año).
- Chiapas con 0.33% de las tomas clandestinas (8 al año).
- Tabasco con 0.16% de las tomas clandestinas (4 al año).
- Chihuahua y Tamaulipas con 0.04% cada uno (1 al año por cada Estado).
Esto provoca que la población mexicana queda vulnerable ante el crecimiento de inseguridad por graves accidentes, que Pemex tiene una afectación patrimonial y económica estimada en 20 mil millones de pesos anuales, se fortalece la distribución ilícita lo que daña la certeza jurídica, económica y fomenta la inseguridad en el país, el ducto de gas LP suspende sus operaciones en el 40% de los días del año, lo que representa 146 días con interrupciones en el flujo del producto en el ducto principal que abastece de este vital producto en el país y se arriesga la garantía de abasto a la población en general por la frecuente interrupción en las operaciones del ducto GLP.
“Consideramos que un esfuerzo focalizado en estos 18 municipios (pero sin dejar de atender a los demás Estados de la República con tomas clandestinas) tendría resultados muy positivos en el combate y disminución de robo de Gas L.P. Actualmente se realizan 7 tomas clandestinas al día en estos ductos y, de no implementarse un programa efectivo, este problema continuaría creciendo, como ha ocurrido en años recientes, con graves consecuencias patrimoniales para Pemex, para las finanzas públicas del país y genera una gran inseguridad para todos los mexicanos”.
Por ello, proponen una solución de fondo a este problema, así como desarrollar e implementar una estrategia integral que involucre acciones coordinadas y complementarias entre sí.
Como son realizar tareas de inteligencia, de investigación, de operación y supervisión en los 18 municipios que concentran el 94% de las tomas clandestinas en el ducto de Pemex, implementar operativos en carreteras de acceso a las principales zonas de distribución, solicitando el CFDI que acredite la procedencia lícita del producto, llevar a cabo operativos en rutas de distribución para verificar la procedencia lícita del producto, así también como operativos en estaciones de servicio, plantas de distribución y centros clandestinos de trasiego de gas LP, realizar operativos para eliminar las zonas controladas de reparto en las que operan ilícitamente grupos de choque y pseudosindicatos que no permiten la libre competencia, verificando que se acredite la procedencia lícita del producto comercializado, realizar operativos en ruta en la Zona Centro del País (CDMX, Estado de México, Puebla e Hidalgo) como en la Zona Golfo y Sureste (Veracruz, Tabasco y Chiapas) para eliminar los 6 mil equipos de reparto que se estima que no cumplen con la Ley y no están debidamente registrados ante la CRE. Esta práctica expone a la población consumidora a graves accidentes, ya que los equipos y el personal no cumplen con las normas de seguridad y capacitación requerida, tampoco tienen un seguro de responsabilidad civil y ambiental y no cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Asegurar que todo el equipo de reparto pernocte en plantas de Distribución y en Centrales de Guarda registrados ante la CRE, para garantizar que el producto que se distribuye en estos equipos es de origen lícito. Exigiendo el cumplimiento de la Disposición Administrativa de Carácter General en materia de Transporte y Distribución de la Gas L.P. (DOF 22/01/2019) que establece que todos “los equipos de reparto deberán pernoctar en las plantas de distribución y centrales de guarda registradas ante la propia CRE”.
Fortalecer la legalidad y el estado derecho, fomentando la distribución formal que sí cumple con la regulación en materia de seguridad, administrativa y fiscal, mediante la autorización de más de 2 mil permisos y trámites rezagados en la CRE, generando una mayor competencia en los mercados, un mejor servicio y mayores índices de seguridad de operaciones, al contar con equipos de reparto e instalaciones nuevas, privilegiando la libre competencia, el interés social, la seguridad y el beneficio de los consumidores.
