Carlos Treviño, ex director general de Pemex, señaló que el acuerdo entre Lozoya y la FGR es ilegal.
Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció que el acuerdo reparatorio que Emilio Lozoya busca para cerrar sus procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados es ilegal, debido a que los daños que este causó ascienden a miles de millones de pesos.
En una carta dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), el ex director de la empresa productiva del estado señala que el acuerdo permite que Emilio Lozoya se salga con la suya, ya que no estaría reparando en su totalidad el daño causado a las finanzas públicas.
La FGR estaría dispuesta a dejar en libertad a Lozoya si este logra acordar con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un arreglo económico que repare el daño generado por los delitos que cometió.
La fiscalía considera que la suspensión de los procesos es procedente dado que el ex funcionario ha colaborado con las autoridades denunciando hechos mayores de corrupción en contra de otros funcionarios, entre ellos, el propio Treviño.
Actualmente, Carlos Treviño, tiene una orden de captura por no presentarse a declarar ante un juez por su posible implicación en el caso Etileno XXI
Treviño no compareció en la audiencia en la que iba a ser imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en el caso de la planta de Etileno XXI.
En la carta, el ex director de Pemex, señala a la fiscalía que Lozoya había ofrecido pagar 220 millones de pesos como concepto de reparación del daño, que equivale al dinero que recibió en sobornos de Odebrecht y Altos Hornos, pero de acuerdo con las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se estima que el daño patrimonial fue de 5 mil 287 millones de pesos las pérdidas y los daños causados justamente por esos contratos entregados como resultado de los sobornos.
Por otro lado, el exfuncionario recuerda que, de acuerdo con el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios únicamente son procedentes para delitos que se persiguen a partir de denuncia, pero no para aquellos que se siguen de oficio, como son justamente los que se imputan a Lozoya: asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
“Por lo anterior es claro que constituye una ilegalidad autorizar como reparación de daño una cantidad de dinero que no se corresponde con lo que establece la ley para ocultar un acuerdo político de impunidad con Emilio Lozoya”, indica Treviño.
