La CRE continúa su embate regulatorio contra las empresas privadas del sector eléctrico y de hidrocarburos mediante sanciones e inspecciones.
El órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó en la sesión extraordinaria del miércoles una resolución en la que se sanciona a tres empresas privadas, sin que se informará del nombre de las empresas afectadas ni el motivo de ellas.
Sin embargo, ayer se supo que una de las empresas sancionadas por el regulador es Monterra Energy, una filial de la multinacional KKR, la cual opera una terminal de almacenamiento y distribución en Tuxpan, Veracruz.
Dicha terminal fue cerrada por personal de la Guardia Nacional y de la CRE desde el 14 de septiembre del 2021 y hasta el momento continúa cerrada.
Motivo por el cual tomó la decisión de demandar al estado mexicano por 667 millones de dólares para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustibles.
Durante la sesión del órgano de gobierno, la comisionada Norma Leticia Campos, dijo que una de las compañías (sancionadas) no respetó la regulación en materia de precios y tarifas y realizó actividades sin autorización previa.
Si bien no se dio a conocer el monto de la sanción, la comisionada comentó durante la sesión que se propuso revocar el permiso a la compañía.
La CRE continúa su embate regulatorio contra las empresas privadas del sector eléctrico y de hidrocarburos mediante sanciones e inspecciones.
El órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó en la sesión extraordinaria del miércoles una resolución en la que se sanciona a tres empresas privadas, sin que se informará del nombre de las empresas afectadas ni el motivo de ellas.
Sin embargo, ayer se supo que una de las empresas sancionadas por el regulador es Monterra Energy, una filial de la multinacional KKR, la cual opera una terminal de almacenamiento y distribución en Tuxpan, Veracruz.
Dicha terminal fue cerrada por personal de la Guardia Nacional y de la CRE desde el 14 de septiembre del 2021 y hasta el momento continúa cerrada.
Motivo por el cual tomó la decisión de demandar al estado mexicano por 667 millones de dólares para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustibles.
Durante la sesión del órgano de gobierno, la comisionada Norma Leticia Campos, dijo que una de las compañías (sancionadas) no respetó la regulación en materia de precios y tarifas y realizó actividades sin autorización previa.
Si bien no se dio a conocer el monto de la sanción, la comisionada comentó durante la sesión que se propuso revocar el permiso a la compañía.
