La CRE ingreso a la COMENER una propuesta de acuerdo para modificar los requisitos necesarios a comercializadores y distribuidores de petrolíferos.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una propuesta de proyecto de acuerdo, con el cual pretende imponer una muy larga lista de requisitos para las empresas privadas que soliciten ante el regulador la obtención, modificación o actualización de un permiso para comercializar o distribuir petrolíferos o petroquímicos por medios distintos a ducto, con excepción del gas LP.
El proyecto enviado a la Conamer, fue enviado para recibir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) “de impacto moderado con análisis de impacto en la competencia” y se espera que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en las próximas semanas.
En este sentido, Carlos Vallejo, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE) y panelista de la Semana del Combustible, aseguró que la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, establecen los requisitos que deben cumplir las empresas privadas que soliciten ante la CRE la actualización o modificación de sus permisos.
“No se tiene que olvidar que el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos precisa en su artículo 45, fracción II que el plazo es de 90 días para la obtención de un permiso, por lo que estas DACGS no pueden estar por encima del Reglamento, por lo que en todo caso se tendría que reformar el Reglamento”.
Pero el regulador pretende aumentar la cantidad y alcance de los requisitos necesarios para la obtención de los permisos, lo cual afecta la competencia en el sector.
“El Proyecto de Acuerdo por el que la CRE emite las DACGs en materia de requisitos para solicitudes, actualizaciones y modificaciones de permisos en materia de Comercialización y Distribución por otros medios distintos a ducto de Petrolíferos, viene a romper con los principios de la mejora regulatoria la cual tiene como finalidad la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, lo cual dista mucho del proyecto de Acuerdo”.
“El proyecto de Acuerdo viene a aumentar la carga o número de requisitos -que de aprobarse el Acuerdo- requerirán cumplir los Comercializadores y Distribuidores de Petrolíferos, se enumeran una serie de requisitos adicionales casi interminables, al dejarle esa facultad discrecional con la que cuenta la CRE para requerir cualquier elemento, documento o estudio que se le venga en gana, no obstante que esa facultad discrecional debe estar limitada y no convertirse que a capricho del Órgano Regulador pida lo que se le ocurra”.
El abogado puntualizó que el gobierno federal ha intentado sistemáticamente el desincentivar la participación de empresas privadas en varios eslabones del sector energético, especialmente en aquellos donde la posición de Pemex se ha debilitado por la competencia generada tras la reforma energética.
“El Proyecto de DAGCS va en contra de procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, por el contrario se está creando mayores obstáculos y costos adicionales para las personas jurídicas y físicas que quieren incursionar en el mercado de ellos combustibles”, puntualizo Vallejo.
Vallejo recordó, que la CRE, lleva más de un año de no otorga un solo permiso de Comercialización y en los de distribución, se han otorgado en su mínima expresión, por lo que la emisión de estas DAGCS vienen a significar una barrera u obstáculo adicional para poder acceder a la obtención de un título de permiso en estas materias, ya que elevan el número de requisitos para su obtención en forma desproporcionada dejando abierta la oportunidad para que la CRE con esa discrecionalidad que la caracteriza pueda pedir cualquier otro requisito adicional que le venga en gana para otorgar o rechazar los permisos.
Recientemente, los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, solicitaron consultas debido a posibles violaciones al TMEC en materia energética, debido a las trabas regulatorias que el gobierno federal ha impuesto a las empresas privadas de esos países para privilegiar a sus empresas productivas del estado.
“No es una buena señal para el Sector, ya que viene a cambiar las reglas del juego en un momento en donde nos encontramos en el inicio de consultas en materia energética con los dos socios estratégicos del TMEC”, finalizó Vallejo.
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