Un juez especializado en Competencia Económica otorgó el primer amparo contra la reforma a la LIE.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgó el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) con efectos generales, con lo cual ordenó aplicar el marco legal que estaba vigente anteriormente.
El amparo fue otorgado al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) bajo el expediente 250/2021, bajo el argumento de riesgo ambiental.
La reforma a la LIE entró en vigor el 9 de marzo de 2021, luego de ser aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, sin embargo, fue suspendida por una controversia constitucional promovida por Senadores de Oposición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en abril que la iniciativa no era inconstitucional, aunque la mayoría de los ministros votaron contra su constitucionalidad.
La decisión se basó en los criterios de la corte, al considerar que la ley atenta contra el derecho de contar con un medio ambiente sano y dificulta la transición hacia energías menos contaminantes.
Un juez especializado en Competencia Económica otorgó el primer amparo contra la reforma a la LIE.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgó el primer amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) con efectos generales, con lo cual ordenó aplicar el marco legal que estaba vigente anteriormente.
El amparo fue otorgado al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) bajo el expediente 250/2021, bajo el argumento de riesgo ambiental.
La reforma a la LIE entró en vigor el 9 de marzo de 2021, luego de ser aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, sin embargo, fue suspendida por una controversia constitucional promovida por Senadores de Oposición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en abril que la iniciativa no era inconstitucional, aunque la mayoría de los ministros votaron contra su constitucionalidad.
La decisión se basó en los criterios de la corte, al considerar que la ley atenta contra el derecho de contar con un medio ambiente sano y dificulta la transición hacia energías menos contaminantes.