La corrupción en el sector petrolero es una fuente persistente de preocupación para la industria y sus actores.
Por: Marco Biersinger, director Oil and Gas Corporate Finance de Kroll.
Debido a múltiples aspectos que caracterizan al sector (altos niveles de gasto e inversión, productos homogéneos y difíciles de trazar, alto grado de subcontratación, exposición a países con marcos legales y regulatorios deficitarios, entre otros), particularmente al de la exploración y producción de petróleo y gas, las diversas formas de corrupción son un riesgo omnipresente.
Como resultado, las entidades que se desempeñan en las actividades de exploración y producción ya sean los mismos gobiernos, sus entes reguladores, y las empresas petroleras nacionales o el sector privado, se enfrentan grandes retos de cómo minimizar el riesgo de verse envueltos en actividades ilícitas, ya sea dentro de su propia corporación o a través de interacciones con terceros.
Aunado a lo anterior, empresas que desarrollan sus actividades de exploración y producción en países con alto índice de riesgo a la corrupción, y al mismo tiempo acuden a mercados financieros internacionales para obtener recursos, deben de estar conscientes de la brecha entre el riesgo inherente en sus operaciones y el escrutinio al que deben de someterse ante las leyes antilavado de dinero y antisoborno y corrupción (AML y ABC respectivamente, por sus siglas en inglés).
Con el creciente enfoque en las prácticas de prevención de lavado de dinero, soborno y corrupción, las grandes organizaciones del sector están incrementando el nivel de escrutinio al que someten a sus stakeholders.
Todos los potenciales socios, intermediarios, proveedores y clientes potenciales deben cumplir con las normas ABC y AML. Para las grandes empresas de petróleo y gas, la presentación de informes independientes y objetivos es esencial, si quieren establecer marcos rígidos de debida diligencia para disminuir el riesgo al que están expuestas.
En la industria, hemos identificado algunos elementos y mejores prácticas que deberían constituir el fundamento para cualquier programa de cumplimiento, ya sea para empresas de exploración y producción, sus socios, prestadores de servicios o proveedores:
- Políticas y procedimientos. Las empresas deben de desarrollar y promulgar sus políticas internas de AML y ABC de forma clara y concisa. Cada política debería de abordar los siguientes temas: regalos e invitaciones, contribuciones políticas, donativos y actos de beneficencia, pagos de facilitación, así como reporte de actuaciones sospechosas.
- Revisión periódica. Para garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos, cada empresa debe de implementar un sistema de control interno, que apoye en la revisión e identificación periódica de riesgos.
- Supervisión independiente. La implementación y el apego a las políticas y procedimientos de cumplimiento deben de ser responsabilidad del máximo órgano de control de la compañía, quien a su vez puede apoyarse en expertos externos independientes.
- Capacitación continua. Todos los empleados, proveedores y otros terceros deben de ser sometidos a una capacitación periódica acerca de las políticas y lineamientos de AML y ABC adoptadas por la compañía. Parte del programa de capacitación debería ser la certificación de los consejeros, funcionarios y en su caso terceros.
- Informes y seguimiento interno. Cada sistema de cumplimiento y control interno eficaz debería incluir una posibilidad de denuncia anónima interna para reportar confidencialmente cualquier potencial violación de las políticas internas o cualquier ley. Dichas denuncias igualmente deben de recibir el seguimiento adecuado hasta su conclusión, ya sea favorable o desfavorable.
- Implementación y supervisión de cumplimiento. Para que todos los empleados y proveedores se apeguen a las políticas internas de AML y ABC, será clave que se incentive el cumplimiento adecuadamente y se sancione infracciones de forma apropiada.
- Relaciones con terceros. Todos los potenciales socios, intermediarios, proveedores y clientes potenciales deberán ser sometidos a un proceso adecuado de debida diligencia antes de la firma de cualquier contrato o acuerdo, así como periódicamente de forma posterior para garantizar el apego a la política.
