En la sesión anterior del órgano de gobierno de la CRE, Norma Leticia Campos acusó de presuntos ilícitos a grupos gasolineros que obtuvieron permisos.
Durante la sesión ordinaria del 13 de diciembre del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la comisionada Norma Leticia Campos voto en contra de todos los proyectos en materia de petrolíferos.
Campos Aragón expuso una serie de anomalías y discriminación en la otorgación de permisos por parte de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad de Hidrocarburos del órgano regulador.
Durante la sesión, la comisionada denuncio la imposibilidad de contar con la información necesaria que le permitiera realizar un voto razonado, ya que la cantidad de proyectos enviados para revisión eran demasiados y se tenía poco tiempo para su análisis
“Voto en contra de todos y cada uno de los proyectos en materia de petrolíferos porque se impidió desde la Secretaría Ejecutiva el envío de los comentarios que realicé con mi equipo de trabajo, resultado de su revisión. Con esta acción, usted, licenciada Eugenia Guadalupe Blas Nájera, no respetó el contenido del artículo 25, fracción quinta del reglamento interno”, acusó Campos Aragón.
La comisionada acusó un trato preferencial a ciertos grupos gasolineros en la aprobación de la modificación por cesión del permiso de expendio al público de petrolíferos, situación que no sucede con grupos pequeños, acusó.
“Es muy interesante identificar que la CRE ha emitido diversos requerimientos a los solicitantes anteriores a fin de subsanar omisiones en el trámite y poder resolverse de manera favorable; se observa un trato discriminatorio, toda vez, que no a todos los permisionarios que cuentan con trámites similares y que se encuentran pendientes ante la comisión se les realiza el mismo requerimiento para la subsanación de las omisiones.
Ya en la última sesión del mes de noviembre, la comisionada Leticia Campos Aragón acusó a los accionistas de un grupo gasolinero de haber sido relacionados con “presuntas actividades ilícitas” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la sesión anterior del órgano de gobierno de la CRE, Norma Leticia Campos acusó de presuntos ilícitos a grupos gasolineros que obtuvieron permisos.
Durante la sesión ordinaria del 13 de diciembre del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la comisionada Norma Leticia Campos voto en contra de todos los proyectos en materia de petrolíferos.
Campos Aragón expuso una serie de anomalías y discriminación en la otorgación de permisos por parte de la Secretaría Ejecutiva y de la Unidad de Hidrocarburos del órgano regulador.
Durante la sesión, la comisionada denuncio la imposibilidad de contar con la información necesaria que le permitiera realizar un voto razonado, ya que la cantidad de proyectos enviados para revisión eran demasiados y se tenía poco tiempo para su análisis
“Voto en contra de todos y cada uno de los proyectos en materia de petrolíferos porque se impidió desde la Secretaría Ejecutiva el envío de los comentarios que realicé con mi equipo de trabajo, resultado de su revisión. Con esta acción, usted, licenciada Eugenia Guadalupe Blas Nájera, no respetó el contenido del artículo 25, fracción quinta del reglamento interno”, acusó Campos Aragón.
La comisionada acusó un trato preferencial a ciertos grupos gasolineros en la aprobación de la modificación por cesión del permiso de expendio al público de petrolíferos, situación que no sucede con grupos pequeños, acusó.
“Es muy interesante identificar que la CRE ha emitido diversos requerimientos a los solicitantes anteriores a fin de subsanar omisiones en el trámite y poder resolverse de manera favorable; se observa un trato discriminatorio, toda vez, que no a todos los permisionarios que cuentan con trámites similares y que se encuentran pendientes ante la comisión se les realiza el mismo requerimiento para la subsanación de las omisiones.
Ya en la última sesión del mes de noviembre, la comisionada Leticia Campos Aragón acusó a los accionistas de un grupo gasolinero de haber sido relacionados con “presuntas actividades ilícitas” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
