La reforma eléctrica propuesta por AMLO busca reafirmar la supremacía de la CFE, limitando la participación privada y redefiniendo su naturaleza jurídica.
La reforma constitucional en electricidad propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca reforzar el papel predominante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico mexicano, asegurando que ninguna empresa privada tenga precedencia sobre ella.
El texto propuesto y presentado ayer enfatiza que la participación de entidades privadas en la industria eléctrica siempre estará subordinada a la empresa productiva del estado, cuyo cometido esencial es garantizar la responsabilidad social y la provisión continua y accesible del servicio público de electricidad.
La reforma pretende que la planificación y el control del sistema eléctrico nacional, así como los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, sean competencias exclusivas de la Nación, prohibiendo la concesión de estas actividades.
Asimismo, la iniciativa busca cambiar la clasificación jurídica de la CFE de una Empresa Productiva del Estado a una Empresa Pública, criticando la influencia de recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, que desvirtúan la obligación estatal de garantizar el servicio público de electricidad y reducen la empresa a una entidad enfocada únicamente en la generación de utilidades.
Adicionalmente, la reforma sugiere eliminar la obligación de que las empresas públicas adopten las “mejores prácticas” corporativas, argumentando que estas no se alinean con la naturaleza y objetivos de una empresa pública como la CFE.
La reforma eléctrica propuesta por AMLO busca reafirmar la supremacía de la CFE, limitando la participación privada y redefiniendo su naturaleza jurídica.
La reforma constitucional en electricidad propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca reforzar el papel predominante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico mexicano, asegurando que ninguna empresa privada tenga precedencia sobre ella.
El texto propuesto y presentado ayer enfatiza que la participación de entidades privadas en la industria eléctrica siempre estará subordinada a la empresa productiva del estado, cuyo cometido esencial es garantizar la responsabilidad social y la provisión continua y accesible del servicio público de electricidad.
La reforma pretende que la planificación y el control del sistema eléctrico nacional, así como los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, sean competencias exclusivas de la Nación, prohibiendo la concesión de estas actividades.
Asimismo, la iniciativa busca cambiar la clasificación jurídica de la CFE de una Empresa Productiva del Estado a una Empresa Pública, criticando la influencia de recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, que desvirtúan la obligación estatal de garantizar el servicio público de electricidad y reducen la empresa a una entidad enfocada únicamente en la generación de utilidades.
Adicionalmente, la reforma sugiere eliminar la obligación de que las empresas públicas adopten las “mejores prácticas” corporativas, argumentando que estas no se alinean con la naturaleza y objetivos de una empresa pública como la CFE.
