Aleida Alavez de Morena anuncia juicio político contra el ministro Pérez Dayán por invalidar la reforma eléctrica, acusando exceso en sus funciones.
La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Aleida Alavez, ha manifestado una postura firme y decidida frente a los acontecimientos sucedidos ayer. La legisladora anunció que su partido iniciará un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán.
El motivo de este radical movimiento se debe a la percepción de que el ministro se extralimitó en sus atribuciones al emitir un voto de calidad decisivo como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte. Dicho voto fue determinante para invalidar la reforma eléctrica impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un proyecto emblemático de la actual administración.
Alavez, destacó que se acelerarán las reformas dirigidas a regular las operaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida se interpreta como un intento de contrarrestar lo que Morena considera una maniobra desleal: el uso del voto de calidad por parte del ministro Pérez Dayán.
La tensión entre los poderes del Estado se ha intensificado notablemente. Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, expresó su preocupación por la relación entre los poderes legislativo y judicial.
Según Mier, se ha violado la soberanía de cada poder, evidenciado en múltiples ocasiones cuando decisiones legislativas han sido revocadas por el Poder Judicial. Mier describió los eventos recientes como un golpe al Estado de derecho y a la división de poderes, un pilar fundamental de la democracia.
El sentimiento de injusticia y de invasión de competencias no solo se limita a las figuras mencionadas. Legisladores de Morena han calificado la acción de los ministros como un atropello, especialmente después de que se revocara la ley eléctrica.
Por su parte, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de los puntos constitucionales, subrayó que las acciones de los ministros no solo son reprochables desde un punto de vista político, sino que también deberían acarrear consecuencias administrativas.
