La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la CFE debe pagar 3 mil 575 millones de pesos a Tecpatán, Chiapas, desencadenando un debate judicial.
Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha dictaminado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá desembolsar la suma de 3,575 millones de pesos para saldar su deuda por concepto de predial con el municipio de Tecpatán, situado en el estado de Chiapas.
La decisión fue alcanzada con tres votos a favor y dos en contra en la Segunda Sala de la SCJN. El proyecto, elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, propuso rechazar el amparo solicitado por la empresa estatal. Este fallo provocó un debate acalorado, especialmente con la intervención de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien argumentó que condenar a la CFE podría ser interpretado como una acción fraudulenta.
En respuesta a las críticas, el ministro Javier Laynez Potisek enfatizó que la máxima instancia judicial del país no puede tomar decisiones arbitrarias, sino que debe ceñirse a la legalidad y a las normativas establecidas.
El ministro Aguilar Morales también destacó que la Corte no tiene el poder de interpretar la Constitución a su conveniencia, sino que debe seguir las determinaciones previas y mantener la seguridad jurídica.
Este caso tiene su origen en un cobro realizado por las autoridades municipales en 2010, cuando exigieron a la CFE el pago de 2,223 millones 935 mil 876 pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2010. A pesar de que la empresa interpuso un recurso de revocación, el tesorero municipal del Ayuntamiento emitió un oficio en 2011 confirmando el cobro. Esto marcó el inicio de un litigio que ha perdurado por más de una década, hasta llegar a la reciente resolución de la SCJN.
La complejidad del caso, así como las implicaciones legales y financieras involucradas, han generado un debate significativo en el ámbito jurídico y político, destacando la importancia de la justicia y la legalidad en la resolución de conflictos entre entidades estatales y municipales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la CFE debe pagar 3 mil 575 millones de pesos a Tecpatán, Chiapas, desencadenando un debate judicial.
Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha dictaminado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá desembolsar la suma de 3,575 millones de pesos para saldar su deuda por concepto de predial con el municipio de Tecpatán, situado en el estado de Chiapas.
La decisión fue alcanzada con tres votos a favor y dos en contra en la Segunda Sala de la SCJN. El proyecto, elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, propuso rechazar el amparo solicitado por la empresa estatal. Este fallo provocó un debate acalorado, especialmente con la intervención de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien argumentó que condenar a la CFE podría ser interpretado como una acción fraudulenta.
En respuesta a las críticas, el ministro Javier Laynez Potisek enfatizó que la máxima instancia judicial del país no puede tomar decisiones arbitrarias, sino que debe ceñirse a la legalidad y a las normativas establecidas.
El ministro Aguilar Morales también destacó que la Corte no tiene el poder de interpretar la Constitución a su conveniencia, sino que debe seguir las determinaciones previas y mantener la seguridad jurídica.
Este caso tiene su origen en un cobro realizado por las autoridades municipales en 2010, cuando exigieron a la CFE el pago de 2,223 millones 935 mil 876 pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2010. A pesar de que la empresa interpuso un recurso de revocación, el tesorero municipal del Ayuntamiento emitió un oficio en 2011 confirmando el cobro. Esto marcó el inicio de un litigio que ha perdurado por más de una década, hasta llegar a la reciente resolución de la SCJN.
La complejidad del caso, así como las implicaciones legales y financieras involucradas, han generado un debate significativo en el ámbito jurídico y político, destacando la importancia de la justicia y la legalidad en la resolución de conflictos entre entidades estatales y municipales.
