IMCO propone ajustes estructurales para Pemex, incluyendo la reestructuración del modelo de negocio y mayor ahorro de ingresos petroleros, para mejorar su sostenibilidad financiera.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha lanzado una crítica al actual modelo de rescate gubernamental de Petróleos Mexicanos (Pemex), destacando que las transferencias de recursos han tenido poco impacto en mejorar la situación financiera y operativa de la empresa. En respuesta a esta problemática, IMCO propone una serie de ajustes estructurales para el periodo 2024-2030, alineados con la próxima administración federal.
Una de las principales observaciones es que, entre 2019 y 2023, el gobierno ha inyectado a Pemex un total de 1.65 billones de pesos, cantidad que supera en 1.8 veces el presupuesto combinado de las secretarías de Bienestar, Educación Pública y Salud en 2023. IMCO sugiere que estos fondos podrían haberse utilizado en áreas con mayor retorno de inversión social y económica.
Dentro de las propuestas del IMCO está el rediseño del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), con el objetivo de aumentar los ahorros de los ingresos petroleros, actualmente condicionados a superar el 4.7% del PIB anual. La propuesta busca reducir este umbral al 1.5% del PIB, permitiendo que una mayor porción de la renta petrolera se destine al ahorro a largo plazo, fortaleciendo así la sostenibilidad financiera de México para futuras generaciones.
IMCO también plantea aumentar la asignación de ingresos petroleros a los fondos de estabilización, cuyos saldos en 2023 alcanzaron mínimos históricos. Esto limita la capacidad de respuesta del gobierno frente a caídas imprevistas de ingresos. Proponen que un mayor porcentaje de estos ingresos se dirija automáticamente a los fondos de estabilización a través del FMPED, proporcionando una fuente de financiamiento más estable y significativa.
En un contexto más amplio, IMCO identifica el 2024 como un año de grandes desafíos financieros para el gobierno federal, anticipando que el déficit público podría alcanzar el nivel más alto desde 1990, con un total proyectado de 1.70 billones de pesos, representando el 5% del PIB. Esta situación aumentaría la deuda del sector público a 17.05 billones de pesos, y su costo financiero ascendería a 1.23 billones de pesos, equivalentes al 14.2% del gasto total estimado.
El IMCO propone, además, mejoras en la asignación y ejecución de los recursos públicos, tales como vincular los fondos a los resultados de los programas sociales, mejorar la inversión en infraestructura de calidad y evitar duplicidades en el gasto con el sector privado. También sugiere la necesidad de focalizar los programas de pensiones y aumentar la inversión en investigación y desarrollo.
Estas medidas no solo buscan mejorar la eficiencia de Pemex y del sector público en general, sino también asegurar una gestión más prudente y efectiva de los recursos nacionales. Esta serie de reformas y ajustes estructurales son cruciales para la salud financiera a largo plazo de México, especialmente en un contexto de crecientes desafíos económicos y sociales.
IMCO propone ajustes estructurales para Pemex, incluyendo la reestructuración del modelo de negocio y mayor ahorro de ingresos petroleros, para mejorar su sostenibilidad financiera.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha lanzado una crítica al actual modelo de rescate gubernamental de Petróleos Mexicanos (Pemex), destacando que las transferencias de recursos han tenido poco impacto en mejorar la situación financiera y operativa de la empresa. En respuesta a esta problemática, IMCO propone una serie de ajustes estructurales para el periodo 2024-2030, alineados con la próxima administración federal.
Una de las principales observaciones es que, entre 2019 y 2023, el gobierno ha inyectado a Pemex un total de 1.65 billones de pesos, cantidad que supera en 1.8 veces el presupuesto combinado de las secretarías de Bienestar, Educación Pública y Salud en 2023. IMCO sugiere que estos fondos podrían haberse utilizado en áreas con mayor retorno de inversión social y económica.
Dentro de las propuestas del IMCO está el rediseño del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), con el objetivo de aumentar los ahorros de los ingresos petroleros, actualmente condicionados a superar el 4.7% del PIB anual. La propuesta busca reducir este umbral al 1.5% del PIB, permitiendo que una mayor porción de la renta petrolera se destine al ahorro a largo plazo, fortaleciendo así la sostenibilidad financiera de México para futuras generaciones.
IMCO también plantea aumentar la asignación de ingresos petroleros a los fondos de estabilización, cuyos saldos en 2023 alcanzaron mínimos históricos. Esto limita la capacidad de respuesta del gobierno frente a caídas imprevistas de ingresos. Proponen que un mayor porcentaje de estos ingresos se dirija automáticamente a los fondos de estabilización a través del FMPED, proporcionando una fuente de financiamiento más estable y significativa.
En un contexto más amplio, IMCO identifica el 2024 como un año de grandes desafíos financieros para el gobierno federal, anticipando que el déficit público podría alcanzar el nivel más alto desde 1990, con un total proyectado de 1.70 billones de pesos, representando el 5% del PIB. Esta situación aumentaría la deuda del sector público a 17.05 billones de pesos, y su costo financiero ascendería a 1.23 billones de pesos, equivalentes al 14.2% del gasto total estimado.
El IMCO propone, además, mejoras en la asignación y ejecución de los recursos públicos, tales como vincular los fondos a los resultados de los programas sociales, mejorar la inversión en infraestructura de calidad y evitar duplicidades en el gasto con el sector privado. También sugiere la necesidad de focalizar los programas de pensiones y aumentar la inversión en investigación y desarrollo.
Estas medidas no solo buscan mejorar la eficiencia de Pemex y del sector público en general, sino también asegurar una gestión más prudente y efectiva de los recursos nacionales. Esta serie de reformas y ajustes estructurales son cruciales para la salud financiera a largo plazo de México, especialmente en un contexto de crecientes desafíos económicos y sociales.
