El IMCO advierte que la reforma energética aprobada en México desincentiva la inversión privada y genera incertidumbre jurídica, afectando la transición energética y la eficiencia.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expresó su preocupación por la reforma energética aprobada por la Cámara de Diputados, que limita la inversión privada en el sector energético y da prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas del Estado.
Según el IMCO, esta reforma envía un mensaje de incertidumbre jurídica que afectará no solo a las inversiones directamente involucradas, sino también a la economía en general, al generar la percepción de que el Gobierno mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho.
El IMCO destaca que la reforma desincentiva la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, lo que eliminaría incentivos para mejorar la eficiencia y reducir los costos eléctricos. La baja inversión en generación eléctrica también es preocupante, ya que entre 2013 y 2018 se autorizaron inversiones por 54.5 mil millones de dólares, mientras que entre 2019 y 2024 solo se autorizaron 13.4 mil millones de dólares.
El organismo también advierte que el enfoque político que favorece a la CFE afectará negativamente la transición energética, ya que se reducen las oportunidades para la inversión privada en energías renovables. Asimismo, limitar la participación privada en la transmisión y distribución eléctrica obligaría a la CFE a asumir todo el gasto para modernizar la infraestructura, en un contexto de subinversión en la Red Nacional de Transmisión.
El IMCO critica la eliminación del mandato de Pemex y CFE de generar valor económico, lo que permitiría que ambas empresas operen con pérdidas, afectando a las finanzas públicas. Por ello, el instituto insta al Gobierno a garantizar certidumbre jurídica y cuidar que la legislación secundaria mitigue los riesgos asociados a la reforma.
