El “Derecho Petrolero para el Bienestar” simplifica impuestos para Pemex, pero genera preocupaciones sobre ingresos gubernamentales, especialmente ante caídas en los precios del crudo.
El Paquete Económico 2025 introduce el “Derecho Petrolero para el Bienestar”, que reemplaza los tres impuestos petroleros actuales (DEXP, DEXTH, DUC) con un sistema simplificado para Pemex. Este nuevo régimen establece tasas diferenciadas: 30% sobre el valor del petróleo y 11.62% sobre el gas natural, ajustadas según precios internacionales.
Organizaciones como el CIEP y México Evalúa advierten que esta reforma podría reducir significativamente los ingresos petroleros del gobierno federal. El cambio busca aliviar la carga fiscal de Pemex, pero plantea riesgos para las finanzas públicas, especialmente si los precios del crudo caen, como ocurrió durante la pandemia.
Mientras el gobierno proyecta ingresos petroleros de 1.14 billones de pesos en 2025, un aumento del 4.5% respecto al año anterior, la producción de petróleo se estima en 1,891 mbd con un precio promedio de 57.8 dólares por barril, ambos inferiores a los niveles actuales. Pemex también recibirá 136,210 millones de pesos en transferencias de la Secretaría de Energía para pagar su deuda.
El diputado Christian Mishel Castro Bello criticó que Pemex retendrá el 75% de sus ingresos, dejando a la Federación con solo el 25%, lo que podría profundizar la dependencia gubernamental de transferencias presupuestarias.
Si bien la reforma pretende fortalecer la liquidez de Pemex, su impacto a largo plazo dependerá de la estabilidad de los precios del petróleo y de la capacidad del gobierno para equilibrar sus finanzas ante una posible disminución de ingresos.
El “Derecho Petrolero para el Bienestar” simplifica impuestos para Pemex, pero genera preocupaciones sobre ingresos gubernamentales, especialmente ante caídas en los precios del crudo.
El Paquete Económico 2025 introduce el “Derecho Petrolero para el Bienestar”, que reemplaza los tres impuestos petroleros actuales (DEXP, DEXTH, DUC) con un sistema simplificado para Pemex. Este nuevo régimen establece tasas diferenciadas: 30% sobre el valor del petróleo y 11.62% sobre el gas natural, ajustadas según precios internacionales.
Organizaciones como el CIEP y México Evalúa advierten que esta reforma podría reducir significativamente los ingresos petroleros del gobierno federal. El cambio busca aliviar la carga fiscal de Pemex, pero plantea riesgos para las finanzas públicas, especialmente si los precios del crudo caen, como ocurrió durante la pandemia.
Mientras el gobierno proyecta ingresos petroleros de 1.14 billones de pesos en 2025, un aumento del 4.5% respecto al año anterior, la producción de petróleo se estima en 1,891 mbd con un precio promedio de 57.8 dólares por barril, ambos inferiores a los niveles actuales. Pemex también recibirá 136,210 millones de pesos en transferencias de la Secretaría de Energía para pagar su deuda.
El diputado Christian Mishel Castro Bello criticó que Pemex retendrá el 75% de sus ingresos, dejando a la Federación con solo el 25%, lo que podría profundizar la dependencia gubernamental de transferencias presupuestarias.
Si bien la reforma pretende fortalecer la liquidez de Pemex, su impacto a largo plazo dependerá de la estabilidad de los precios del petróleo y de la capacidad del gobierno para equilibrar sus finanzas ante una posible disminución de ingresos.
