Pemex expuso su negativa a aceptar la recomendación 137VG/2023 de la CNDH.
Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo pública la negativa de aceptación de la recomendación 137VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por un hecho violento suscitado en 1958.
Dicha recomendación aborda violaciones graves a los derechos humanos en relación con el evento conocido como “La matanza de los Goyos” y/o “La masacre de Los Goyos”, ocurrido el 6 de octubre de 1958 en Poza Rica, Veracruz, afectando a 29 personas.
El suceso tuvo lugar durante una manifestación protagonizada por miembros del Partido Demócrata Pozarricense, denominados “Los Goyos”, en protesta por el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones municipales.
La manifestación se tornó violenta cuando, llegando a las instalaciones de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, “Los Goyos” agredieron con armas de fuego a jubilados y personal activo, resultando en varias personas fallecidas.
Durante la confrontación, “Los Goyos” también enfrentaron a la fuerza pública, utilizando armas de fuego, granadas y gases lacrimógenos. En respuesta a la agresión, se desató un enfrentamiento armado que culminó en fallecimientos, heridos y detenciones.
Las investigaciones iniciales señalaron a miembros del Sindicato de Pemex como responsables, acusándolos de iniciar la balacera, pero posteriormente se deslindó de responsabilidad al personal sindical, atribuyendo el acto a integrantes del Ejército Mexicano.
A pesar de la exoneración del personal sindical por el delito de homicidio, uno de los integrantes de “Los Goyos” fue sujeto a formal prisión. Además, de manera equivocada, se acusó al líder del Sindicato de Pemex de incinerar clandestinamente los cuerpos resultado del tiroteo.
En su respuesta, la petrolera nacional argumenta que los eventos en cuestión tienen una naturaleza predominantemente política, vinculados a presuntos actos de espionaje, inteligencia, siembra de pruebas y agresiones físicas relacionadas con el favoritismo político hacia el candidato del PRI en las elecciones municipales.
Pemex expuso su negativa a aceptar la recomendación 137VG/2023 de la CNDH.
Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo pública la negativa de aceptación de la recomendación 137VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por un hecho violento suscitado en 1958.
Dicha recomendación aborda violaciones graves a los derechos humanos en relación con el evento conocido como “La matanza de los Goyos” y/o “La masacre de Los Goyos”, ocurrido el 6 de octubre de 1958 en Poza Rica, Veracruz, afectando a 29 personas.
El suceso tuvo lugar durante una manifestación protagonizada por miembros del Partido Demócrata Pozarricense, denominados “Los Goyos”, en protesta por el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones municipales.
La manifestación se tornó violenta cuando, llegando a las instalaciones de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, “Los Goyos” agredieron con armas de fuego a jubilados y personal activo, resultando en varias personas fallecidas.
Durante la confrontación, “Los Goyos” también enfrentaron a la fuerza pública, utilizando armas de fuego, granadas y gases lacrimógenos. En respuesta a la agresión, se desató un enfrentamiento armado que culminó en fallecimientos, heridos y detenciones.
Las investigaciones iniciales señalaron a miembros del Sindicato de Pemex como responsables, acusándolos de iniciar la balacera, pero posteriormente se deslindó de responsabilidad al personal sindical, atribuyendo el acto a integrantes del Ejército Mexicano.
A pesar de la exoneración del personal sindical por el delito de homicidio, uno de los integrantes de “Los Goyos” fue sujeto a formal prisión. Además, de manera equivocada, se acusó al líder del Sindicato de Pemex de incinerar clandestinamente los cuerpos resultado del tiroteo.
En su respuesta, la petrolera nacional argumenta que los eventos en cuestión tienen una naturaleza predominantemente política, vinculados a presuntos actos de espionaje, inteligencia, siembra de pruebas y agresiones físicas relacionadas con el favoritismo político hacia el candidato del PRI en las elecciones municipales.