PDVSA y Repsol expanden su empresa mixta en Venezuela para aumentar la producción petrolera, a pesar de las recientes sanciones reimpuestas por Estados Unidos.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la multinacional española Repsol han firmado un nuevo acuerdo que amplía la explotación petrolera en el país sudamericano, concretamente en la empresa mixta Petroquiriquire, donde la española detenta un 40% de participación.
Este acuerdo, firmado en un acto en Caracas, busca no solo aumentar la producción de crudo, sino también fomentar el crecimiento económico tanto en Venezuela como en España, según destacó Rafael Tellechea, presidente de PDVSA.
El acuerdo es resultado de una relación que se reforzó en diciembre pasado, cuando ambas partes decidieron reactivar Petroquiriquire y sus siete campos anexos.
José Vicente Bravo, representante de Repsol en Venezuela, recalca que este nuevo pacto refuerza el compromiso ya establecido en diciembre y es parte de la estrategia de continuación de operaciones de Repsol en el país caribeño.
La firma de este acuerdo fue posible gracias a un contexto más favorable, después de que Estados Unidos levantara varias sanciones en octubre, relacionadas con la industria del petróleo y gas.
Este alivio de sanciones fue una respuesta a los acuerdos electorales entre el gobierno venezolano y la oposición, en preparación para las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Sin embargo, este panorama de cooperación internacional enfrenta nuevos desafíos.
El mismo día del anuncio del acuerdo, Estados Unidos decidió revertir parcialmente el alivio de las sanciones impuestas a Venezuela.
La administración estadounidense acusa al presidente Nicolás Maduro de incumplir compromisos electorales, específicamente por obstruir la participación de la líder opositora María Corina Machado en las próximas elecciones.
Como consecuencia, cualquier compañía interesada en hacer negocios con PDVSA ahora necesitará obtener autorizaciones individuales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales serán evaluadas caso por caso, complicando así la operatividad y expansión previstas en el acuerdo.