El robo de combustibles aumentó en el sexenio de AMLO, con miles de tomas clandestinas sin cuantificar, revelando inconsistencias y un impacto social y económico crítico.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustibles por tomas clandestinas generó un quebranto oficial de más de 3,300 millones de pesos, aunque esta cifra solo contempla casos con dictámenes formales y carpetas de investigación abiertas, dejando sin contabilizar miles de tomas y su impacto real en el patrimonio mexicano.
Hidalgo lideró en número de perforaciones con 26,820 tomas entre 2019 y 2024, pese a que las pérdidas reportadas en varios años fueron nulas o mínimas, lo que refleja un subregistro significativo.
El episodio más trágico de este delito ocurrió en enero de 2019, con la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que causó 137 muertes. Este hecho evidenció el peligro inherente al “huachicol” y la falta de control en las regiones más afectadas, como el Valle del Mezquital y el municipio de Cuautepec de Hinojosa.
En comparación con el gobierno anterior, las tomas clandestinas aumentaron un 90% en Hidalgo entre 2018 y 2019. Baja California, a pesar de tener una baja incidencia de perforaciones, registró las mayores pérdidas económicas oficiales, representando el 40% del total nacional.
La disparidad entre las tomas detectadas y los daños económicos contabilizados plantea dudas sobre la efectividad de los mecanismos de monitoreo y el alcance real del problema.
Estados como Jalisco y Puebla, con miles de perforaciones, reportaron cero pérdidas en varios años. Esto evidencia inconsistencias en la evaluación de los daños, mientras los grupos delictivos continúan operando en zonas donde las disputas violentas agravan el panorama.
El “huachicol” sigue siendo un desafío crítico para México, no solo por su impacto económico, sino por el costo humano y social en las regiones afectadas.
El robo de combustibles aumentó en el sexenio de AMLO, con miles de tomas clandestinas sin cuantificar, revelando inconsistencias y un impacto social y económico crítico.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustibles por tomas clandestinas generó un quebranto oficial de más de 3,300 millones de pesos, aunque esta cifra solo contempla casos con dictámenes formales y carpetas de investigación abiertas, dejando sin contabilizar miles de tomas y su impacto real en el patrimonio mexicano.
Hidalgo lideró en número de perforaciones con 26,820 tomas entre 2019 y 2024, pese a que las pérdidas reportadas en varios años fueron nulas o mínimas, lo que refleja un subregistro significativo.
El episodio más trágico de este delito ocurrió en enero de 2019, con la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que causó 137 muertes. Este hecho evidenció el peligro inherente al “huachicol” y la falta de control en las regiones más afectadas, como el Valle del Mezquital y el municipio de Cuautepec de Hinojosa.
En comparación con el gobierno anterior, las tomas clandestinas aumentaron un 90% en Hidalgo entre 2018 y 2019. Baja California, a pesar de tener una baja incidencia de perforaciones, registró las mayores pérdidas económicas oficiales, representando el 40% del total nacional.
La disparidad entre las tomas detectadas y los daños económicos contabilizados plantea dudas sobre la efectividad de los mecanismos de monitoreo y el alcance real del problema.
Estados como Jalisco y Puebla, con miles de perforaciones, reportaron cero pérdidas en varios años. Esto evidencia inconsistencias en la evaluación de los daños, mientras los grupos delictivos continúan operando en zonas donde las disputas violentas agravan el panorama.
El “huachicol” sigue siendo un desafío crítico para México, no solo por su impacto económico, sino por el costo humano y social en las regiones afectadas.
