Por: Diego Montaño
Cuando Andrés Manuel asumió el poder, no concebía la dificultad que implicaría cumplir sus promesas de campaña y realizar las estrategias gubernamentales pertinentes para lograr la cuarta transformación. En la actualidad, los planes de gobierno quedan reflejados en las finanzas que se piensan llevar a cabo, por lo que el primer reto que enfrentaba era presentar los proyectos de recaudación y gasto que el gobierno implementaría.
Durante extensas sesiones en el poder legislativo, se supo que las finanzas del país iban a cambiar totalmente, reduciendo participaciones de los estados, recortando el presupuesto a la mayoría de las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada, así como a órganos autónomos, entre otros. Claro estaba, que su mayor objetivo era establecer una austeridad por parte del gobierno principalmente en cuestiones administrativas y participaciones estatales a cambio de obtener un mayor margen para la implementación de programas que piensa ejecutar.
No obstante, hubo un sector al que no le fue nada mal y que doto de presupuesto para su reactivación, el energético. Prácticamente, los alumnos peor portados PEMEX Y CFE son los alumnos mejor premiados en el 2019, pero no solo por buscar la autosuficiencia energética, sino porque son dos entradas tributarias que el gobierno ha dejado de darles la importancia necesaria.
En la ley de ingresos, el gobierno sabía que no podía dejar de percibir los impuestos que la gasolina generaba (gasolinazo), pues iría en contra de muchas promesas que priorizaron y que implicaban la necesidad de una mayor recaudación. El ingreso por combustibles automotrices (gasolina) de acuerdo a la ley de ingresos del 2018, se preveía en 258,633.6 millones de pesos, mientras que, en la ley de ingresos del 2019, se prevé por un monto de 269,300.5 millones de pesos. Digamos que los ingresos que se pretenden obtener por el consumo del combustible son prácticamente similares entre el último año del sexenio de EPN y el primer año del sexenio de AMLO.
Ahora bien, este ingreso que se pretende obtener por concepto de combustibles automotrices puede que aumenten considerablemente por el combate de robo de combustible implementado. En los últimos días se han estimado que las perdidas por el robo de combustible son alrededor de 60,000 millones de pesos anuales (dos veces mayor a lo que se invertirá en las refinerías), por lo que el huachicol se ha convertido en uno de los negocios más rentables para los grupos delictivos por dos situaciones: rentabilidad y el riesgo es menor a otros actos delictivos.
Los principales dos problemas con el robo de combustible son: la sustracción de un bien que pertenece al estado y el segundo y más importante, dejar de disfrutar los ingresos fiscales que tanto necesita el presidente para cumplir con sus promesas y mantener finanzas sanas. Esta explicación hace reflexionar, que, si bien en México existen tantas actividades ilícitas, lo que se ataca de fondo en este caso son las finanzas que afectan al estado, pues el huachicol no es una actividad que presente los mayores índices de violencia, pero si es una actividad en la que el estado está dejando de percibir impuestos y lo peor, de sus propios bienes.
A corto plazo, probablemente las acciones puedan llegar a afectar la economía por no haber establecido una estrategia adecuada que sustituyera no solo la distribución del combustible, sino que también pronosticara que a mayor escasez (en este caso de huachicol) habría una mayor demanda de combustible legal y por lo tanto se necesitaría mayor abastecimiento.
A largo plazo, sin duda es una acción que brindará una estabilidad financiera, ya que se absorberá todo el mercado que el combustible legal había perdido contra el huachicol y se dejaran de perder miles de millones a causa del robo. En caso de controlarse adecuadamente tanto la distribución, como el robo, hablaremos en un futuro del combustible como la gallina de los huevos de oro en las finanzas del estado.
