El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) debe dar a conocer el certificado del dictamen valuatorio de la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas, conocida como Agro Nitrogenados, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford destacó que el documento solicitado constituye un instrumento para verificar el uso eficiente de los recursos públicos, en este caso, para evaluar una adquisición que ha resultado en pérdidas millonarias para el Estado mexicano.
“Existe una obligación constitucional de administrar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz, económica y honradamente, de tal manera que cualquier persona pueda comprobar si los recursos públicos se administran en esos términos previstos, fomentando con ello el escrutinio público”, indicó.
Guerra Ford subrayó que el derecho a la información implica la obligación del Estado de garantizar que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal brinden a todos los individuos la posibilidad de conocer la información pública, con el propósito de garantizar una efectiva rendición de cuentas.
“De ello deriva la importancia de publicar el certificado de dictamen valuatorio emitido el 13 de diciembre del 2013 sobre la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas conocidas como Agro Nitrogenados, que implicó una inversión inicial de tres mil 540 millones de pesos, además, de los 480 millones de dólares que se han gastado en la rehabilitación”, resaltó.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Pemex incumplió con los objetivos y metas establecidas que lo llevó a la adquisición y rehabilitación de la planta de fertilizantes, y a la fecha de la investigación no había generado utilidades para el Estado, añadió Guerra Ford.
El particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el INAI, porque el INDAABIN clasificó como reservados los datos requeridos, argumentando que hacerlos públicos vulneraría la conducción de expedientes judiciales seguidos en forma de juicio y tramitados ante el Ministerio Público.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford, se requirió al INDAABIN la versión integral del dictamen valuatorio; durante la revisión se advirtió que fue emitido el 13 de diciembre de 2013, con una vigencia de hasta un año a partir de la fecha de elaboración, periodo que ya se ha cumplido.
Por otra parte, el Instituto no tuvo conocimiento de la existencia de algún juicio, procedimiento administrativo o jurisdiccional que se encuentre en trámite y menos aún que al avaluó requerido se refiriera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
Además, el sujeto obligado tampoco identificó ni precisó las investigaciones de posibles actos delictivos que estuviera llevando el Ministerio Público y cuya investigación se encontrara directamente relacionada con el avalúo.
Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó entregar el certificado del dictamen valuatorio emitido el 13 de diciembre de 2013, sobre la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas conocidas como Agro Nitrogenados.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) debe dar a conocer el certificado del dictamen valuatorio de la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas, conocida como Agro Nitrogenados, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford destacó que el documento solicitado constituye un instrumento para verificar el uso eficiente de los recursos públicos, en este caso, para evaluar una adquisición que ha resultado en pérdidas millonarias para el Estado mexicano.
“Existe una obligación constitucional de administrar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz, económica y honradamente, de tal manera que cualquier persona pueda comprobar si los recursos públicos se administran en esos términos previstos, fomentando con ello el escrutinio público”, indicó.
Guerra Ford subrayó que el derecho a la información implica la obligación del Estado de garantizar que cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal brinden a todos los individuos la posibilidad de conocer la información pública, con el propósito de garantizar una efectiva rendición de cuentas.
“De ello deriva la importancia de publicar el certificado de dictamen valuatorio emitido el 13 de diciembre del 2013 sobre la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas conocidas como Agro Nitrogenados, que implicó una inversión inicial de tres mil 540 millones de pesos, además, de los 480 millones de dólares que se han gastado en la rehabilitación”, resaltó.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Pemex incumplió con los objetivos y metas establecidas que lo llevó a la adquisición y rehabilitación de la planta de fertilizantes, y a la fecha de la investigación no había generado utilidades para el Estado, añadió Guerra Ford.
El particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el INAI, porque el INDAABIN clasificó como reservados los datos requeridos, argumentando que hacerlos públicos vulneraría la conducción de expedientes judiciales seguidos en forma de juicio y tramitados ante el Ministerio Público.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford, se requirió al INDAABIN la versión integral del dictamen valuatorio; durante la revisión se advirtió que fue emitido el 13 de diciembre de 2013, con una vigencia de hasta un año a partir de la fecha de elaboración, periodo que ya se ha cumplido.
Por otra parte, el Instituto no tuvo conocimiento de la existencia de algún juicio, procedimiento administrativo o jurisdiccional que se encuentre en trámite y menos aún que al avaluó requerido se refiriera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
Además, el sujeto obligado tampoco identificó ni precisó las investigaciones de posibles actos delictivos que estuviera llevando el Ministerio Público y cuya investigación se encontrara directamente relacionada con el avalúo.
Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó entregar el certificado del dictamen valuatorio emitido el 13 de diciembre de 2013, sobre la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas conocidas como Agro Nitrogenados.
