La CFE perdió ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres un laudo por 200 millones de dólares por la cancelación de la hidroeléctrica de Chicoasen II.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un laudo ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres por la cancelación de la planta hidroeléctrica de Chicoasen II en el estado de Chiapas.
El conflicto legal se originó en octubre del 2016 por las Caabsa y Omega, quienes ganaron una licitación para la construcción de la planta de generación por 386.4 millones de dólares, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Al respecto, la CFE informó que impugnará está resolución del caso que le fue heredado de la pasada administración en la última etapa del proceso.
“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, expuso la empresa productiva del estado en su cuenta de Twitter.
“Al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después”.
La obra fue suspendida debido a conflicto sociales provocaron que el proyecto fuera cancelado en 2017 cuando presentaba un avance de tan solo 17%.
La CFE perdió ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres un laudo por 200 millones de dólares por la cancelación de la hidroeléctrica de Chicoasen II.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un laudo ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres por la cancelación de la planta hidroeléctrica de Chicoasen II en el estado de Chiapas.
El conflicto legal se originó en octubre del 2016 por las Caabsa y Omega, quienes ganaron una licitación para la construcción de la planta de generación por 386.4 millones de dólares, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Al respecto, la CFE informó que impugnará está resolución del caso que le fue heredado de la pasada administración en la última etapa del proceso.
“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, expuso la empresa productiva del estado en su cuenta de Twitter.
“Al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después”.
La obra fue suspendida debido a conflicto sociales provocaron que el proyecto fuera cancelado en 2017 cuando presentaba un avance de tan solo 17%.
