Legisladores de Estados Unidos pidieron en una carta se investigue las formas en las que México está incumpliendo sus compromisos en TMEC en materia de política energética.
Congresistas republicanos de los Estados Unidos solicitaron al gobierno de Joe Biden inicié una investigación para determinar la formas en las que nuestro país esta violando los compromisos adquiridos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en materia energética.
La carta fue elaborada por Clay Higgins, miembro de la Cámara de Representantes por el partido republicano y enviada a la demócrata Carolyn Maloney, líder del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes.
Higgins acusó el fin de semana a la Guardia Nacional de incautar activos de empresas energéticas norteamericanas que operan en nuestro país, lo cual el considera una violación al tratado de libre comercio entre los tres países.
“La urgimos, como jefa del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, a que convoque una audiencia para investigar el grado en el que México está incumpliendo sus compromisos bajo el TMEC”.
“Cerca de 20 mil millones de dólares en activos energéticos estadounidenses corren riesgo por las acciones del gobierno mexicano”, las cuales de acuerdo con el legislador tiene como objetivo el fortalecimiento de las empresas productiva del estado (CFE y Pemex).
40 congresistas solicitaron se convoque una audiencia que involucre a testigos de varias dependencias federales estadounidenses, como los departamentos de Estado y de Energía, además de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos para reunir evidencia de las violaciones del gobierno mexicano.
Los legisladores expresaron su preocupación ante la posible aprobación de la reforma eléctrica, la cual terminaría con los contratos de generación para privilegiar la producción por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual estaría violando los acuerdos del TMEC.
De aprobarse y entrar en vigor como está la iniciativa, se terminarían todos los contratos de generación y suministro eléctrico actuales que tienen empresas privadas tanto con gobierno, como entre ellas.
Legisladores de Estados Unidos pidieron en una carta se investigue las formas en las que México está incumpliendo sus compromisos en TMEC en materia de política energética.
Congresistas republicanos de los Estados Unidos solicitaron al gobierno de Joe Biden inicié una investigación para determinar la formas en las que nuestro país esta violando los compromisos adquiridos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en materia energética.
La carta fue elaborada por Clay Higgins, miembro de la Cámara de Representantes por el partido republicano y enviada a la demócrata Carolyn Maloney, líder del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes.
Higgins acusó el fin de semana a la Guardia Nacional de incautar activos de empresas energéticas norteamericanas que operan en nuestro país, lo cual el considera una violación al tratado de libre comercio entre los tres países.
“La urgimos, como jefa del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, a que convoque una audiencia para investigar el grado en el que México está incumpliendo sus compromisos bajo el TMEC”.
“Cerca de 20 mil millones de dólares en activos energéticos estadounidenses corren riesgo por las acciones del gobierno mexicano”, las cuales de acuerdo con el legislador tiene como objetivo el fortalecimiento de las empresas productiva del estado (CFE y Pemex).
40 congresistas solicitaron se convoque una audiencia que involucre a testigos de varias dependencias federales estadounidenses, como los departamentos de Estado y de Energía, además de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos para reunir evidencia de las violaciones del gobierno mexicano.
Los legisladores expresaron su preocupación ante la posible aprobación de la reforma eléctrica, la cual terminaría con los contratos de generación para privilegiar la producción por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual estaría violando los acuerdos del TMEC.
De aprobarse y entrar en vigor como está la iniciativa, se terminarían todos los contratos de generación y suministro eléctrico actuales que tienen empresas privadas tanto con gobierno, como entre ellas.
