La CRE admitió que hay un rezago de 940 autorizaciones para estaciones de servicio en el país.
Leopoldo Vicente Melchi, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), admitió que el regulador mantiene un rezago de 940 solicitudes de permisos para estaciones de servicio.
Melchi justificó el ritmo de aprobaciones del organismo a su cargo debido a que los permisos son analizados a fondo antes de su autorización.
“Se nos cuestiona de que somos lentos, que tardamos en resolver, pero estas actividades tienen su fundamento. Hay que evaluarlas, analizarlas con aspectos ambientales, las necesidades del país y evitar que se concentren en una sola zona”, dijo.
El funcionario aseguró que los procesos de evaluación son muy cuidadosos para efectos de otorgar un permiso, lleva una secuencia, un análisis y una evaluación para poder definir dónde debe de instalarse cada estación de servicio, ya que existe concentración en algunas zonas del país.
El presidente del órgano de gobierno de la CRE, justificó la negativa en la otorgación de algunos permisos debido a que las estaciones de servicio se concentran en grandes ciudades como Monterrey o la Ciudad de México, mientras que hay zonas geográficas con un importante rezago.
Ahora, el regulador considera que debe de existir un equilibrio entre el número de autos y la cantidad de estaciones de servicio en una zona determinada.
La semana pasada el regulador aprobó de 17 permisos de expendio a estaciones de servicio ubicadas en varios estados de la república mexicana, destrabando parte de los retrasos en autorizaciones que guarda el sector.
Sin embargo, a inicios de agosto envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) una propuesta de proyecto de acuerdo, con el cual pretende imponer una muy larga lista de requisitos para las empresas privadas que soliciten ante el regulador la obtención, modificación o actualización de un permiso para comercializar o distribuir petrolíferos o petroquímicos por medios distintos a ducto, con excepción del gas LP.
“El Proyecto de DAGCS va en contra de procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, por el contrario se está creando mayores obstáculos y costos adicionales para las personas jurídicas y físicas que quieren incursionar en el mercado de ellos combustibles”, dijo Carlos Vallejo, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético.
