El IMCO publicó el diagnóstico sobre la situación del agua en México.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) asegura en el diagnóstico sobre la situación del agua en México, que nuestro país ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua y ello podría impactar la generación de energía eléctrica en los próximos años.
De acuerdo con la organización, en los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012. Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil metros cúbicos por habitante al año.
De continuar las sequías y la falta de racionamiento del agua en México, se afectará la generación de energía eléctrica en el país, ya que este recurso natural representa el 15% de la capacidad instalada para producir electricidad.
México es un país vulnerable a sequías, con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones. Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración.
En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71% fueron severas -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26% fueron extremas -con pérdidas mayores en cultivos, y riesgo de incendios forestales- y 3% fueron sequías excepcionales, es decir con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
De acuerdo con el análisis, en nuestro país existen un total de 731 centrales hidroeléctricas destinadas a la generación de energía eléctrica, incluyendo mini y pequeñas centrales con menos de 10 Megawatts de capacidad instalada.
Estas se encuentran distribuidas en 16 entidades federativas y en conjunto suman una capacidad de 12 mil 614 Megawatts y consumen un volumen de agua de alrededor de 134 mil hectómetros cúbicos.
El IMCO asegura que se requiere una actualización de los marcos legales que rigen la gestión y distribución del agua. Estos fueron instaurados bajo condiciones distintas a las actuales, y deben de actualizarse con base en criterios como el aumento de la población, la mancha urbana, la evolución de las sequías y la variación en las precipitaciones.
