Desde que asumió el cargo a fines de 2018, AMLO ha rechazado nuevas inversiones privadas en petróleo y gas, incluso asociaciones de empresas conjuntas entre la estatal Pemex y posibles productores privados.
La última medida del gobierno mexicano para reforzar el control sobre sus reservas de litio potencialmente lucrativas no logra resolver el enigma de cómo podría atraer la experiencia necesaria de la industria privada y dejar la mayoría de las ganancias en las arcas estatales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la semana pasada su más reciente decreto sobre el litio que establece una zona minera de más de 235 mil hectáreas en el norteño estado Sonora, afirmando que las concesiones existentes dentro de ella “quedan a salvo”.
Pero la orden también declaró que “no puede realizarse actividad minera alguna con relación al litio” dentro del área.
El decreto podría allanar el camino para que la recién creada empresa estatal mexicana obtenga derechos exclusivos para explotar las reservas locales del mineral, codiciado por los fabricantes de baterías recargables de todo el mundo, dijeron expertos y analistas del sector.
“Es contraintuitivo declarar reserva pública, pero a las concesiones ya otorgadas a la fecha se le respeta”, dijo Fernando Quesada, un abogado con una vasta experiencia en proyectos extractivos en México.
Quesada añadió que el nuevo decreto podría implicar que el gobierno puede usar su poder de expropiación como una herramienta para forzar negociaciones con empresas que ya tienen concesiones en la zona, como la minera y fabricante de baterías Ganfeng, de propiedad china, que controla el proyecto de litio más avanzado de México.
El año pasado, aliados de López Obrador en el Congreso promulgaron una extendida nacionalización del litio con el objetivo de garantizar que México pueda beneficiarse de la creciente demanda del mineral, que se necesita para impulsar futuras flotas de vehículos eléctricos.
Desde que asumió el cargo a fines de 2018, López Obrador ha rechazado nuevas inversiones privadas en petróleo y gas, incluso asociaciones de empresas conjuntas entre la estatal Pemex y posibles productores privados.
El mandatario podría ver al litio de la misma manera, y algunos expertos describen la política sobre el mineral como un eco de su enfoque más amplio centrado en el Estado con respecto a los productos básicos considerados estratégicos.
Armando Alatorre, geólogo y experto en litio, dijo que el último decreto podría generar más cambios en las concesiones existentes y argumentó que establecer una nueva área minera legal superpuesta a las concesiones mineras ya existentes es una receta para la confusión.
“Crea mucha incertidumbre con los inversionistas”, sostuvo.
Ni el despacho de López Obrador ni la Secretaría de Economía de México respondieron a una solicitud de comentarios.
Creada en agosto, la estatal LitioMx probablemente tendrá más obras de exploración en la nueva zona minera, afirmaron analistas de BTG Pactual en una nota de investigación. Pero dijeron que no estaba claro si esos esfuerzos se llevarán a cabo en solitario o en asociación con actores privados.
“Es razonable esperar que las ubicaciones recién definidas puedan adjudicarse a LitioMx”, indicó la nota.
Los estudios sugieren que México podría tener alrededor de 1.7 millones de toneladas de litio, pero esos depósitos están atrapados en su mayoría en suelos arcillosos.
Hasta ahora no se ha implementado la extracción de litio a escala comercial de suelos arcillosos, lo que significa que los depósitos mexicanos probablemente requerirán nueva tecnología, inversión adicional y quizás plantas de procesamiento.
BTG Pactual enfatizó que LitioMx carece de la “capacidad, tecnología o conocimientos de minería” necesarios.
Tales plantas requerirían un compromiso de gasto significativo dada su complejidad, dijo el analista de energía y minería Ramses Pech.
El experto hizo hincapié en la necesidad de minimizar los riesgos políticos asociados con el último decreto del gobierno a fin de que el litio mexicano tenga alguna esperanza de transformar su potencial bruto en una industria próspera con un horizonte a largo plazo.
“Te tienen que dar una certeza que la reservas que te están dando te las van a dejar manteniendo por años para seguir explotando”, sostuvo.
(Reporte de Carolina Pulice. Editado en español por Marion Giraldo)
Desde que asumió el cargo a fines de 2018, AMLO ha rechazado nuevas inversiones privadas en petróleo y gas, incluso asociaciones de empresas conjuntas entre la estatal Pemex y posibles productores privados.
La última medida del gobierno mexicano para reforzar el control sobre sus reservas de litio potencialmente lucrativas no logra resolver el enigma de cómo podría atraer la experiencia necesaria de la industria privada y dejar la mayoría de las ganancias en las arcas estatales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la semana pasada su más reciente decreto sobre el litio que establece una zona minera de más de 235 mil hectáreas en el norteño estado Sonora, afirmando que las concesiones existentes dentro de ella “quedan a salvo”.
Pero la orden también declaró que “no puede realizarse actividad minera alguna con relación al litio” dentro del área.
El decreto podría allanar el camino para que la recién creada empresa estatal mexicana obtenga derechos exclusivos para explotar las reservas locales del mineral, codiciado por los fabricantes de baterías recargables de todo el mundo, dijeron expertos y analistas del sector.
“Es contraintuitivo declarar reserva pública, pero a las concesiones ya otorgadas a la fecha se le respeta”, dijo Fernando Quesada, un abogado con una vasta experiencia en proyectos extractivos en México.
Quesada añadió que el nuevo decreto podría implicar que el gobierno puede usar su poder de expropiación como una herramienta para forzar negociaciones con empresas que ya tienen concesiones en la zona, como la minera y fabricante de baterías Ganfeng, de propiedad china, que controla el proyecto de litio más avanzado de México.
El año pasado, aliados de López Obrador en el Congreso promulgaron una extendida nacionalización del litio con el objetivo de garantizar que México pueda beneficiarse de la creciente demanda del mineral, que se necesita para impulsar futuras flotas de vehículos eléctricos.
Desde que asumió el cargo a fines de 2018, López Obrador ha rechazado nuevas inversiones privadas en petróleo y gas, incluso asociaciones de empresas conjuntas entre la estatal Pemex y posibles productores privados.
El mandatario podría ver al litio de la misma manera, y algunos expertos describen la política sobre el mineral como un eco de su enfoque más amplio centrado en el Estado con respecto a los productos básicos considerados estratégicos.
Armando Alatorre, geólogo y experto en litio, dijo que el último decreto podría generar más cambios en las concesiones existentes y argumentó que establecer una nueva área minera legal superpuesta a las concesiones mineras ya existentes es una receta para la confusión.
“Crea mucha incertidumbre con los inversionistas”, sostuvo.
Ni el despacho de López Obrador ni la Secretaría de Economía de México respondieron a una solicitud de comentarios.
Creada en agosto, la estatal LitioMx probablemente tendrá más obras de exploración en la nueva zona minera, afirmaron analistas de BTG Pactual en una nota de investigación. Pero dijeron que no estaba claro si esos esfuerzos se llevarán a cabo en solitario o en asociación con actores privados.
“Es razonable esperar que las ubicaciones recién definidas puedan adjudicarse a LitioMx”, indicó la nota.
Los estudios sugieren que México podría tener alrededor de 1.7 millones de toneladas de litio, pero esos depósitos están atrapados en su mayoría en suelos arcillosos.
Hasta ahora no se ha implementado la extracción de litio a escala comercial de suelos arcillosos, lo que significa que los depósitos mexicanos probablemente requerirán nueva tecnología, inversión adicional y quizás plantas de procesamiento.
BTG Pactual enfatizó que LitioMx carece de la “capacidad, tecnología o conocimientos de minería” necesarios.
Tales plantas requerirían un compromiso de gasto significativo dada su complejidad, dijo el analista de energía y minería Ramses Pech.
El experto hizo hincapié en la necesidad de minimizar los riesgos políticos asociados con el último decreto del gobierno a fin de que el litio mexicano tenga alguna esperanza de transformar su potencial bruto en una industria próspera con un horizonte a largo plazo.
“Te tienen que dar una certeza que la reservas que te están dando te las van a dejar manteniendo por años para seguir explotando”, sostuvo.
(Reporte de Carolina Pulice. Editado en español por Marion Giraldo)
