La intentona contra organismos autónomos será una de tantos. Habrá más frentes contra la división de poderes y derechos de ciudadanos.
Mariano Calderón, socio experto de la firma de abogados Santamarina y Steta, a cargo del grupo de áreas de práctica de Derecho Constitucional y controversias, señaló las presiones que sufrirá el Estado de Derecho en México para el próximo año. “
Habrá estrés. Se van a incrementar las ocurrencias conforme avancen las campañas políticas y se aproxime el cierre del sexenio. Se intensificarán los ataques al Poder Judicial, con el propósito de debilitarlo y poner entredicho las decisiones de Ministros, Magistrados y Jueces. Habrá incertidumbre y preocupación por este pilar fundamental de la Democracia en nuestro país. Debemos leer esto como una amenaza a todos los particulares ante el poder del Estado”, dijo.
El especialista recordó que la razón de ser del Poder Judicial es la de dirimir conflictos y sobre todo, velar por respeto absoluto de la Constitución de la República y los derechos y garantías de los ciudadanos. “Será sin duda un mal mensaje para la población”.
Mariano Calderón previó que esta batalla será parte de una agenda electoral que será encabezada por el Presidente de la República, bajo la bandera de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, lo cual es un sinsentido, que ya fue rechazado por ministros de la Suprema Corte.
A pesar de todo, el experto aseguró que todavía podemos confiar en que tenemos un Estado de Derecho, con instituciones sólidas que resistirán los ataques “también es cierto que una cosa son las campañas electorales y otra distinta los programas de gobierno. Cualquier persona, institución o empresa que considere se están afectando sus derechos, puede disponer de los medios de defensa que prevén nuestras leyes. Nuestro sistema judicial dará la razón a quienes la tengan”, apuntó.
Agenda de confrontaciones judiciales del 2024
Mariano Calderón enumeró los frentes a observar el 2024. Se tratará de procesos litigiosos que llenarán a los tribunales y presionarán al ambiente de legalidad de nuestro país:
- Terrorismo fiscal, con una política persecutoria a de contribuyentes cautivos, en lugar de ampliar la base de recaudación.
- Se retomará una reforma en materia administrativa, presentada a mediados de año en el Congreso, que otorga más facultades a funcionarios de gobierno para actuar a discreción, contra principios constitucionales.
- Entrada en vigor el 1º de enero de ley sobre los derechos que tienen que pagar concesionarios privados de aeropuertos, que resulta inequitativo contra tarifas privilegiadas para las fuerzas armadas.
- La iniciativa de impulsar rutas de ferrocarriles de pasajeros sobre las concesiones otorgadas a ferrocarriles de carga, bajo un plazo demasiado corto para que los concesionarios privados se adapten a las políticas públicas.
- Aplicación de Reformas a la ley Minera, que llenó de trabas a la actividad minera y al otorgamiento de concesiones. Se verán también presiones para retirar derechos adquiridos por empresas.
- Incremento de inspecciones y multas cuestionables en materia laboral a cada vez más empresas, bajo la política de eliminar prácticas de outsourcing.
- Posibilidad de que en el próximo periodo de sesiones, se tratará de impulsar en el Congreso la Ley General de Aguas, para reformar completamente el marco jurídico. Habrá que ver en qué medida puede violar principios constitucionales y atentar contra los derechos adquiridos vigentes de concesionarios y tratados internacionales.
- Se anunció una posible iniciativa para tratar de desaparecer a todos los organismos autónomos, lo que sólo podría hacerse mediante una reforma constitucional, pero implicaría una violación a los tratados internacionales y una mayor concentración de poder en el Ejecutivo, contrario a la normalidad que existe en las democracías liberales en todo el mundo.
