Es revelador cómo este proyecto contempla a las empresas del Estado como si fueran un fin en sí mismas y no un medio, para que junto con la iniciativa privada, se pueda lograr una adecuada cobertura energética en todo el país, confiable, a precios asequibles y con una visión hacia la transición energética. La política energética debe ser palanca de crecimiento y desarrollo económico del país en beneficio de todos los mexicanos y no como se propone en la contrarreforma, que sean los mexicanos con sus impuestos y los privados con inversiones, sin certeza jurídica, quienes estén a disposición de la empresa pública. La causalidad está al revés.
Esta contrarreforma energética propuesta por el Ejecutivo pinta de cuerpo entero las intenciones de las autoridades energéticas del país. Una iniciativa motivada por adjetivos y calificativos mal intencionados, así como en argumentos falaces y datos incorrectos. Se pretende crear un “organismo del Estado” autónomo, con mayor poder que cualquier Secretaría de Estado, sin rendición de cuentas, ni transparencia, capaz de decidir sobre si la tecnología entra o no al despacho sin importar su mérito, que será capaz de establecer las tarifas que habrá de cobrar al sector industrial, comercial y residencial, que podrá decidir sobre cuáles empresas privadas pueden generar energía eléctrica y cuáles no.
En otras palabras, se está creando un monopolio en la generación, suministro, transmisión, distribución y operación del sistema eléctrico nacional, sin que medie regulador, pues proponen eliminarlos, que funcione como árbitro y equilibre los intereses de esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) todo poderosa, las empresas privadas de generación y los consumidores.
Con esta propuesta se busca obtener el control y poder que da el manejo total de la energía eléctrica en un país, sin importar las consecuencias medioambientales, en salud y economía de los consumidores mexicanos, así como el uso de mayor presupuesto público que podría ser asignado a los sectores de salud y educación.
La necesaria contraargumentación
Existen muchas mentiras en la exposición de motivos y propuesta de contrarreforma y a continuación se contrargumentan algunas:
- No hubo un desmantelamiento de la CFE con la reforma de 2013. CFE se dividió en subsidiarias y filiales a efecto de que cada una maximizara la rentabilidad de las actividades correspondientes y para que la integración vertical del jugador dominante no le diera poder de mercado. Se dejó distribución y transmisión como áreas estratégicas del Estado, pero se obligó al acceso abierto a las redes, siempre que cumplieran con lo establecido por el operador, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y el regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Se modificaron las reglas para la generación privada a efectos de que ésta tuviera que buscar sus propios clientes y se crearon incentivos para que la nueva generación después de 2014, pública o privada, fuera a base de energías limpias. Ello beneficiaba a CFE y al consumidor en varios aspectos: se promovía la transición energética, se eliminaba la obligación a CFE de abastecer toda la demanda, se dejaba en manos de la empresa productiva del Estado la actividad más rentable, es decir, la transmisión, las tarifas reconocerían costos eficientes y se buscaba reducir el subsidio que afecta las finanzas de CFE y del gobierno federal, mediante la promoción de fuentes de energía más baratas como la eólica y solar.
- La existencia de reguladores técnicos e independientes como la CRE, creada en 1993 y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) creada en 2008, son parte fundamental para la consolidación de la democracia mexicana. Una democracia con contrapesos, con árbitros que promuevan el piso parejo a efectos de que todos los participantes—gobierno, privados y consumidores— tengan obligaciones, pero también beneficios. La planeación se dejó en manos de la Secretaría de Energía (Sener) y el balance energético lo garantiza un Cenace independiente de las empresas privadas y pública, con reglas claras y transparentes. La eliminación de las instituciones, con la excusa de austeridad y burocracia excesiva, se ha demostrado que es falaz en estos tres años y contraproducente. El desempeño de los reguladores, y del gobierno, es perfectible. La regulación debe ser dinámica sin lugar a duda, pero su eliminación es un despropósito absoluto.
- El control de las tarifas eléctricas es un tema de la mayor relevancia, porque ellas no solo tienen que ver con el costo de la generación, pues también tienen que recuperar los costos de transmisión, distribución y del Cenace. El regulador busca que estos costos que se transfieren a la tarifa que pagamos todos los consumidores sean eficientes, que no se incluyan gastos suntuosos de la CFE, ni costos por pensiones desproporcionadamente elevadas para el sindicato, ni de obras innecesarias, entre otros. Al transferir la atribución de la regulación de las tarifas eléctricas de la CRE a la CFE conlleva grandes riesgos de que dichas tarifas se eleven de manera desordenada.
- La seguridad energética es una condición necesaria para el crecimiento económico. Limitar la competencia dejando toda la política en un solo jugador aumentará el riesgo de fallas en el suministro.
Una adecuada cobertura energética
Es revelador cómo este proyecto contempla a las empresas del Estado como si fueran un fin en sí mismas y no un medio, para que junto con la iniciativa privada, se pueda lograr una adecuada cobertura energética en todo el país, confiable, a precios asequibles y con una visión hacia la transición energética. La política energética debe ser palanca de crecimiento y desarrollo económico del país en beneficio de todos los mexicanos y no, como se propone en la contrarreforma, que sean los mexicanos con sus impuestos y los privados con inversiones, sin certeza jurídica, quienes estén a disposición de la empresa pública. La causalidad está al revés.
Es revelador cómo este proyecto contempla a las empresas del Estado como si fueran un fin en sí mismas y no un medio, para que junto con la iniciativa privada, se pueda lograr una adecuada cobertura energética en todo el país, confiable, a precios asequibles y con una visión hacia la transición energética. La política energética debe ser palanca de crecimiento y desarrollo económico del país en beneficio de todos los mexicanos y no como se propone en la contrarreforma, que sean los mexicanos con sus impuestos y los privados con inversiones, sin certeza jurídica, quienes estén a disposición de la empresa pública. La causalidad está al revés.
Esta contrarreforma energética propuesta por el Ejecutivo pinta de cuerpo entero las intenciones de las autoridades energéticas del país. Una iniciativa motivada por adjetivos y calificativos mal intencionados, así como en argumentos falaces y datos incorrectos. Se pretende crear un “organismo del Estado” autónomo, con mayor poder que cualquier Secretaría de Estado, sin rendición de cuentas, ni transparencia, capaz de decidir sobre si la tecnología entra o no al despacho sin importar su mérito, que será capaz de establecer las tarifas que habrá de cobrar al sector industrial, comercial y residencial, que podrá decidir sobre cuáles empresas privadas pueden generar energía eléctrica y cuáles no.
En otras palabras, se está creando un monopolio en la generación, suministro, transmisión, distribución y operación del sistema eléctrico nacional, sin que medie regulador, pues proponen eliminarlos, que funcione como árbitro y equilibre los intereses de esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) todo poderosa, las empresas privadas de generación y los consumidores.
Con esta propuesta se busca obtener el control y poder que da el manejo total de la energía eléctrica en un país, sin importar las consecuencias medioambientales, en salud y economía de los consumidores mexicanos, así como el uso de mayor presupuesto público que podría ser asignado a los sectores de salud y educación.
La necesaria contraargumentación
Existen muchas mentiras en la exposición de motivos y propuesta de contrarreforma y a continuación se contrargumentan algunas:
- No hubo un desmantelamiento de la CFE con la reforma de 2013. CFE se dividió en subsidiarias y filiales a efecto de que cada una maximizara la rentabilidad de las actividades correspondientes y para que la integración vertical del jugador dominante no le diera poder de mercado. Se dejó distribución y transmisión como áreas estratégicas del Estado, pero se obligó al acceso abierto a las redes, siempre que cumplieran con lo establecido por el operador, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y el regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Se modificaron las reglas para la generación privada a efectos de que ésta tuviera que buscar sus propios clientes y se crearon incentivos para que la nueva generación después de 2014, pública o privada, fuera a base de energías limpias. Ello beneficiaba a CFE y al consumidor en varios aspectos: se promovía la transición energética, se eliminaba la obligación a CFE de abastecer toda la demanda, se dejaba en manos de la empresa productiva del Estado la actividad más rentable, es decir, la transmisión, las tarifas reconocerían costos eficientes y se buscaba reducir el subsidio que afecta las finanzas de CFE y del gobierno federal, mediante la promoción de fuentes de energía más baratas como la eólica y solar.
- La existencia de reguladores técnicos e independientes como la CRE, creada en 1993 y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) creada en 2008, son parte fundamental para la consolidación de la democracia mexicana. Una democracia con contrapesos, con árbitros que promuevan el piso parejo a efectos de que todos los participantes—gobierno, privados y consumidores— tengan obligaciones, pero también beneficios. La planeación se dejó en manos de la Secretaría de Energía (Sener) y el balance energético lo garantiza un Cenace independiente de las empresas privadas y pública, con reglas claras y transparentes. La eliminación de las instituciones, con la excusa de austeridad y burocracia excesiva, se ha demostrado que es falaz en estos tres años y contraproducente. El desempeño de los reguladores, y del gobierno, es perfectible. La regulación debe ser dinámica sin lugar a duda, pero su eliminación es un despropósito absoluto.
- El control de las tarifas eléctricas es un tema de la mayor relevancia, porque ellas no solo tienen que ver con el costo de la generación, pues también tienen que recuperar los costos de transmisión, distribución y del Cenace. El regulador busca que estos costos que se transfieren a la tarifa que pagamos todos los consumidores sean eficientes, que no se incluyan gastos suntuosos de la CFE, ni costos por pensiones desproporcionadamente elevadas para el sindicato, ni de obras innecesarias, entre otros. Al transferir la atribución de la regulación de las tarifas eléctricas de la CRE a la CFE conlleva grandes riesgos de que dichas tarifas se eleven de manera desordenada.
- La seguridad energética es una condición necesaria para el crecimiento económico. Limitar la competencia dejando toda la política en un solo jugador aumentará el riesgo de fallas en el suministro.
Una adecuada cobertura energética
Es revelador cómo este proyecto contempla a las empresas del Estado como si fueran un fin en sí mismas y no un medio, para que junto con la iniciativa privada, se pueda lograr una adecuada cobertura energética en todo el país, confiable, a precios asequibles y con una visión hacia la transición energética. La política energética debe ser palanca de crecimiento y desarrollo económico del país en beneficio de todos los mexicanos y no, como se propone en la contrarreforma, que sean los mexicanos con sus impuestos y los privados con inversiones, sin certeza jurídica, quienes estén a disposición de la empresa pública. La causalidad está al revés.
