Por: Jhovany Amastal Molina
Ante la constante disputa e inestabilidad de precios de las energías fósiles, la hidroelectricidad, caracterizada tanto por sus bajos costos de producción como de sus reducidas emisiones de dióxido de carbono, se ha establecido como alternativa viable para los países hambrientos y necesitados de asegurar un suministro energético adecuado que garantice la continuidad de su desarrollo económico e incluso, de su seguridad nacional.
Esta tendencia se observa en el incremento promedio del 3.94% del total de la producción —de 2001 al 2017— que, de acuerdo con The International Hydropower Association (2018), se contabiliza en 4,186 TWh así como de una capacidad instalada de 21.96 W; datos que indican el incremento de la capacidad total del mundo en 1,267 GW. Los principales proyectos se registraron en Asia oriental y el Pacífico al aumentar su capacidad en 9.8 GW, en contraste, la región de Norte y Centroamérica sólo logró incrementar en 0.5 WG, siendo la zona que registró la menor adición de capacidad en el mundo (véase gráfica 1).
Bajo esta tendencia de crecimiento, se espera que la construcción de reservas alcance un total de 3,700 en todo el mundo (véase Mapa 1); hecho que, en teoría, elevaría la producción en un 73%, lo cual, implicaría un aumento en la explotación del potencial hidroeléctrico técnicamente viable de un total de 22% en la actualidad a un 39% en los siguientes 10 años. En este sentido, se pronostica que las represas pequeñas y medianas (1-100 MW) dominarán el aumento de la capacidad instalada en un 75%, no obstante, la mayor proporción de la capacidad hidroeléctrica será generada de 847 represas grandes (100MW).
En lo que concierne a las inversiones, según datos la Agencia Internacional de Energía (IEA), $750 mil millones de dólares fueron destinados al sector eléctrico, superando incluso, aquellas dirigidas al suministro de petróleo y gas, mismas que registraron una inversión de $715 mil millones de dólares. Específicamente, se estima que el financiamiento de activos totales de proyectos hidroeléctricos grandes (> 50 MW) en 2017, fue de 45 mil millones de dólares, y otros 3 mil millones (USD) para proyectos pequeños. Esto es aproximadamente el doble del financiamiento de activos reportado para 2016. El principal, promotor de esa cifra fue China quien invirtió 28 000 millones de dólares tan sólo en un solo proyecto: 16 GW Baihetan.
De manera general, los países líderes en capacidad acumulativa son China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, la Federación Rusa, India y Noruega quienes, en conjunto, representaron alrededor del 63% de la capacidad instalada al final del 2017. Las economías en desarrollo, por su parte, se consolidaron como la principal zona receptora de inversiones incluso, según datos de 2017, generaron un récord del 63% de la inversión global en energía renovable —de la cual, el 25% se dirigió a la construcción de plantas hidroeléctricas con capacidad mayor a 50 MW— (Frankfurt School, 2018).
Bajo estos parámetros, se aprecia tanto una voluntad política como económica por adoptar a la hidroelectricidad como un sistema de regulación del consumo eléctrico, sin embargo, se considera que su generación, así como consecuente desarrollo, se verá limitado por lo que se ha denominado como el dilema del cambio climático pues si bien, la energía hidroeléctrica evita la emisión de aproximadamente 3GT CO2 por año o aproximadamente el 9% de las emisiones globales anuales de CO2, existen importantes riesgos y amenazas que pueden tanto distorsionar dicho objetivo como socavar el desarrollo de la industria; mismas que podemos clasificar en: ambientales, operativas y económicas.
Dentro del sector ambiental, los riesgos se derivan del incremento de la temperatura proyectado en a 3º Centígrados para finales de siglo. Las consecuencias de este supuesto, se verán reflejadas en los cambio de la precipitación, la evapotranspiración, la humedad del suelo, así como el deshielo de glaciares. Por tanto, se prevé un desajuste en la fase de precipitación dado que el aumento de la temperatura no resultaría directamente en el incremento de la producción de energía sino una variación de la cantidad real disponible de recursos hídricos y, consecuentemente, de los niveles de producción energética. Desde esta perspectiva, Harrison & Whittington (2002) analizaron los niveles de producción bajo diversas estaciones del año, llegando a la conclusión de que “la producción de la estación seca disminuye un 32,1%, mientras que la producción de la estación húmeda disminuye un 18,2%”.
Esta desproporción, conlleva a un segundo obstáculo al que denominamos como “operativo” ya que, bajo dicho contexto, se afectaría la capacidad del sistema de suministro de electricidad para satisfacer las demandas medias y máximas. Por lo que, a medida que aumentan los niveles de demanda, la planificación del sistema tendría que abordar cualquier déficit previsto en la producción hidroeléctrica mediante la construcción de una planta generadora adicional o incluso, recurrir al uso combustibles fósiles. En el peor de los escenario, esta tendencia podría resultar en la cancelación de los proyectos planificados en el futuro (Berga, 2016; Harrison & Whittington, 2002).
Dentro de este último categórico, no sólo podemos insertar causantes técnicas de desestabilización sino también sociales que, comúnmente, se derivan de los desplazamientos de comunidades o poblaciones para expandir los procesos de producción y distribución. Al respecto, Keith Johnson, columnista en Foreign Policy, estima que entre 40 y 80 millones de personas en todo el mundo han sido reemplazadas por represas. Hecho que, sin duda, genera cierta incertidumbre tanto para inversionistas como para los propios Estados.
En lo que respecta a los efectos económicos, en primer lugar, es necesario resaltar que tanto las ganancias como el financiamiento de los sistema de producción de la hidroelectricidad se generan a partir de los ingresos por ventas de electricidad, dicho esto, los efectos económicos de la irregularidad en los niveles de producción, tenderán a generar un sistema de ingresos altamente variable, lo cual, dificultaría directamente el pago de la deuda de capital inicial o la expansión de la industria, llevando al debilitamiento de las economías nacionales, especialmente, si se considera que los pagos de reembolso suelen realizarse en divisas.
Como se observa, la interacción de estos tres elementos puede generar una cierta inestabilidad inestabilidad técnica y económica, un ejemplo ello, es Brasil que —pese a que es uno de los principales mercados de energía hidroeléctrica— entre 2014 y 2017 sufrió de una sequía sin precedentes que redujo la presión del agua en sus centrales eléctricas que resultó en el aumento de las tarifas tanto del agua como de la energía producida.
En este orden de ideas —y ante las nuevas prerrogativas de la actual administración de México de impulsar la energía hidroeléctrica— se induce que México debe establecer un sistema de comunicación abierto que permita interactuar al sector privado, al estado, así como agentes secundarios, es decir, grupos o comunidades involucradas o afectadas en el desarrollo de plantas hidroeléctricas. Esta sistematización se vuelve necesaria ya que como se describió anteriormente los disturbios o desacuerdos entre habitantes o autoridades pueden afectar la viabilidad general de un proyecto, de hecho, esto es lo ha pasado con el esquema Chicoasén 2, en Chiapas. De la misma manera, se debe buscar una sincronización entre el Estado e inversores con el propósito de demostrar la compatibilidad estratégica de los objetivos de desarrollo, así como de los planes de las políticas pertinentes, es decir, que exista una convergencia sobre la viabilidad de una opción prioritaria para satisfacer las necesidades identificadas de los servicios eléctricos. Asimismo, se debe implementar un acuerdo sobre la disponibilidad de financiamiento de la deuda, las posibles barreras administrativas y costos totales del proyecto.
Bajo esta idea, la clave principal se deberá enfocar en un 100% en evaluar la viabilidad técnica y económica de cualquier proyecto, tomando en consideración tanto niveles de precipitación como los usos de agua, no sólo para la industria sino también para las actividades de pesca, agricultura, consumo doméstico etc. Por otro lado, se deberá tomar en cuenta diversos riesgos operativos tales como: impactos acumulativos, el rol capacidad de cada segmento de la cadena suministro. La idea, es poder gestionar cualquier disfunción dentro de los procesos de producción sin afectar el comportamiento general de la planta. De esta forma, la hidroelectricidad podría consolidarse como un pilar fundamental para la seguridad de suministro nacional.
Fuentes de consulta
Berga, L. (2016). The Role of Hydropower in Climate Change Mitigation and Adaptation: A Review. Engineering, 2, 313–318. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.03.004
Frankfurt School. (2018). Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. Recuperado a partir de http://www.fs-unep-centre.org
Harrison, G., & Whittington, W. (2002). Vulnerability of Hydropower Projects to climate Change. IET Proceedings – Generation Transmission and Distribution, 7(1). https://doi.org/10.1049/ip-gtd
International Hydropower Association. (2018). Hydropower Status Report: sector trends and Insights. Londres, Reino Unido. Recuperado a partir de www.hydropower.org
Zarfl, C., Lumsdon, A. E., Berlekamp, J., Tydecks, L., & Tockner, K. (2014). A global boom in hydropower dam construction. Aquatic Sciences, 77(1), 161–170. https://doi.org/10.1007/s00027-014-0377-0
Por: Jhovany Amastal Molina
Ante la constante disputa e inestabilidad de precios de las energías fósiles, la hidroelectricidad, caracterizada tanto por sus bajos costos de producción como de sus reducidas emisiones de dióxido de carbono, se ha establecido como alternativa viable para los países hambrientos y necesitados de asegurar un suministro energético adecuado que garantice la continuidad de su desarrollo económico e incluso, de su seguridad nacional.
Esta tendencia se observa en el incremento promedio del 3.94% del total de la producción —de 2001 al 2017— que, de acuerdo con The International Hydropower Association (2018), se contabiliza en 4,186 TWh así como de una capacidad instalada de 21.96 W; datos que indican el incremento de la capacidad total del mundo en 1,267 GW. Los principales proyectos se registraron en Asia oriental y el Pacífico al aumentar su capacidad en 9.8 GW, en contraste, la región de Norte y Centroamérica sólo logró incrementar en 0.5 WG, siendo la zona que registró la menor adición de capacidad en el mundo (véase gráfica 1).
Bajo esta tendencia de crecimiento, se espera que la construcción de reservas alcance un total de 3,700 en todo el mundo (véase Mapa 1); hecho que, en teoría, elevaría la producción en un 73%, lo cual, implicaría un aumento en la explotación del potencial hidroeléctrico técnicamente viable de un total de 22% en la actualidad a un 39% en los siguientes 10 años. En este sentido, se pronostica que las represas pequeñas y medianas (1-100 MW) dominarán el aumento de la capacidad instalada en un 75%, no obstante, la mayor proporción de la capacidad hidroeléctrica será generada de 847 represas grandes (100MW).
En lo que concierne a las inversiones, según datos la Agencia Internacional de Energía (IEA), $750 mil millones de dólares fueron destinados al sector eléctrico, superando incluso, aquellas dirigidas al suministro de petróleo y gas, mismas que registraron una inversión de $715 mil millones de dólares. Específicamente, se estima que el financiamiento de activos totales de proyectos hidroeléctricos grandes (> 50 MW) en 2017, fue de 45 mil millones de dólares, y otros 3 mil millones (USD) para proyectos pequeños. Esto es aproximadamente el doble del financiamiento de activos reportado para 2016. El principal, promotor de esa cifra fue China quien invirtió 28 000 millones de dólares tan sólo en un solo proyecto: 16 GW Baihetan.
De manera general, los países líderes en capacidad acumulativa son China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, la Federación Rusa, India y Noruega quienes, en conjunto, representaron alrededor del 63% de la capacidad instalada al final del 2017. Las economías en desarrollo, por su parte, se consolidaron como la principal zona receptora de inversiones incluso, según datos de 2017, generaron un récord del 63% de la inversión global en energía renovable —de la cual, el 25% se dirigió a la construcción de plantas hidroeléctricas con capacidad mayor a 50 MW— (Frankfurt School, 2018).
Bajo estos parámetros, se aprecia tanto una voluntad política como económica por adoptar a la hidroelectricidad como un sistema de regulación del consumo eléctrico, sin embargo, se considera que su generación, así como consecuente desarrollo, se verá limitado por lo que se ha denominado como el dilema del cambio climático pues si bien, la energía hidroeléctrica evita la emisión de aproximadamente 3GT CO2 por año o aproximadamente el 9% de las emisiones globales anuales de CO2, existen importantes riesgos y amenazas que pueden tanto distorsionar dicho objetivo como socavar el desarrollo de la industria; mismas que podemos clasificar en: ambientales, operativas y económicas.
Dentro del sector ambiental, los riesgos se derivan del incremento de la temperatura proyectado en a 3º Centígrados para finales de siglo. Las consecuencias de este supuesto, se verán reflejadas en los cambio de la precipitación, la evapotranspiración, la humedad del suelo, así como el deshielo de glaciares. Por tanto, se prevé un desajuste en la fase de precipitación dado que el aumento de la temperatura no resultaría directamente en el incremento de la producción de energía sino una variación de la cantidad real disponible de recursos hídricos y, consecuentemente, de los niveles de producción energética. Desde esta perspectiva, Harrison & Whittington (2002) analizaron los niveles de producción bajo diversas estaciones del año, llegando a la conclusión de que “la producción de la estación seca disminuye un 32,1%, mientras que la producción de la estación húmeda disminuye un 18,2%”.
Esta desproporción, conlleva a un segundo obstáculo al que denominamos como “operativo” ya que, bajo dicho contexto, se afectaría la capacidad del sistema de suministro de electricidad para satisfacer las demandas medias y máximas. Por lo que, a medida que aumentan los niveles de demanda, la planificación del sistema tendría que abordar cualquier déficit previsto en la producción hidroeléctrica mediante la construcción de una planta generadora adicional o incluso, recurrir al uso combustibles fósiles. En el peor de los escenario, esta tendencia podría resultar en la cancelación de los proyectos planificados en el futuro (Berga, 2016; Harrison & Whittington, 2002).
Dentro de este último categórico, no sólo podemos insertar causantes técnicas de desestabilización sino también sociales que, comúnmente, se derivan de los desplazamientos de comunidades o poblaciones para expandir los procesos de producción y distribución. Al respecto, Keith Johnson, columnista en Foreign Policy, estima que entre 40 y 80 millones de personas en todo el mundo han sido reemplazadas por represas. Hecho que, sin duda, genera cierta incertidumbre tanto para inversionistas como para los propios Estados.
En lo que respecta a los efectos económicos, en primer lugar, es necesario resaltar que tanto las ganancias como el financiamiento de los sistema de producción de la hidroelectricidad se generan a partir de los ingresos por ventas de electricidad, dicho esto, los efectos económicos de la irregularidad en los niveles de producción, tenderán a generar un sistema de ingresos altamente variable, lo cual, dificultaría directamente el pago de la deuda de capital inicial o la expansión de la industria, llevando al debilitamiento de las economías nacionales, especialmente, si se considera que los pagos de reembolso suelen realizarse en divisas.
Como se observa, la interacción de estos tres elementos puede generar una cierta inestabilidad inestabilidad técnica y económica, un ejemplo ello, es Brasil que —pese a que es uno de los principales mercados de energía hidroeléctrica— entre 2014 y 2017 sufrió de una sequía sin precedentes que redujo la presión del agua en sus centrales eléctricas que resultó en el aumento de las tarifas tanto del agua como de la energía producida.
En este orden de ideas —y ante las nuevas prerrogativas de la actual administración de México de impulsar la energía hidroeléctrica— se induce que México debe establecer un sistema de comunicación abierto que permita interactuar al sector privado, al estado, así como agentes secundarios, es decir, grupos o comunidades involucradas o afectadas en el desarrollo de plantas hidroeléctricas. Esta sistematización se vuelve necesaria ya que como se describió anteriormente los disturbios o desacuerdos entre habitantes o autoridades pueden afectar la viabilidad general de un proyecto, de hecho, esto es lo ha pasado con el esquema Chicoasén 2, en Chiapas. De la misma manera, se debe buscar una sincronización entre el Estado e inversores con el propósito de demostrar la compatibilidad estratégica de los objetivos de desarrollo, así como de los planes de las políticas pertinentes, es decir, que exista una convergencia sobre la viabilidad de una opción prioritaria para satisfacer las necesidades identificadas de los servicios eléctricos. Asimismo, se debe implementar un acuerdo sobre la disponibilidad de financiamiento de la deuda, las posibles barreras administrativas y costos totales del proyecto.
Bajo esta idea, la clave principal se deberá enfocar en un 100% en evaluar la viabilidad técnica y económica de cualquier proyecto, tomando en consideración tanto niveles de precipitación como los usos de agua, no sólo para la industria sino también para las actividades de pesca, agricultura, consumo doméstico etc. Por otro lado, se deberá tomar en cuenta diversos riesgos operativos tales como: impactos acumulativos, el rol capacidad de cada segmento de la cadena suministro. La idea, es poder gestionar cualquier disfunción dentro de los procesos de producción sin afectar el comportamiento general de la planta. De esta forma, la hidroelectricidad podría consolidarse como un pilar fundamental para la seguridad de suministro nacional.
Fuentes de consulta
Berga, L. (2016). The Role of Hydropower in Climate Change Mitigation and Adaptation: A Review. Engineering, 2, 313–318. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.03.004
Frankfurt School. (2018). Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. Recuperado a partir de http://www.fs-unep-centre.org
Harrison, G., & Whittington, W. (2002). Vulnerability of Hydropower Projects to climate Change. IET Proceedings – Generation Transmission and Distribution, 7(1). https://doi.org/10.1049/ip-gtd
International Hydropower Association. (2018). Hydropower Status Report: sector trends and Insights. Londres, Reino Unido. Recuperado a partir de www.hydropower.org
Zarfl, C., Lumsdon, A. E., Berlekamp, J., Tydecks, L., & Tockner, K. (2014). A global boom in hydropower dam construction. Aquatic Sciences, 77(1), 161–170. https://doi.org/10.1007/s00027-014-0377-0