En días pasados en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio una votación unánime de los Ministros, al declarar la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, con este precedente quedó demostrado que el Estado de Derecho persiste en México.
La actual legislatura de la Cámara de Diputados trabajaba arduamente en legislar todo aquello que sea necesario para delinear el proyecto de nación de la 4T, no importa mucho que esas reformas o leyes carecieran de técnica jurídica o legislativa, no importaba si fueran o no armónicas con el marco constitucional o si fueran o no congruentes con el respeto a las garantías individuales y derechos humanos elementales, lo importante era su aprobación, ya vendría el máximo órgano de Control Constitucional a decidir sobre su constitucionalidad; no me gusta ser pesimista y menos en estos tiempos ya de por si complicados no sólo para el sector, sino para todos. A la fecha faltan leyes que la Corte debe resolver como son: La Ley de Remuneraciones del Sector Público, La Ley de Austeridad Republicana, La Ley Orgánica de la Administración Pública, La Ley de Extinción de Dominio, La Ley de la Guardia Nacional, La Ley General de Educación, La cancelación del NAIM, La construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucia.
Ante este ímpetu legislativo, me gustaría retomar una propuesta que escribí hace más de dos años, creo que es momento de que empiecen los Diputados a ayudar y en especial los que integran la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y aquí las va una primera iniciativa para que no les cueste trabajo empezar desde cero.
Los regulados Sector Energético en su mayoría se encuentran atendidos por varias Oficialías de Partes, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia de Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos mejor conocida como la ASEA y en menor medida la relativa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la de la Secretaria de Energía. Estas oficialías de partes basadas
en plataformas tecnológicas que tienen sus antecedentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establecía la necesidad de impulsar la simplificación administrativa y la mejora regulatoria en toda la Administración Pública Federal (APF), procurando un impacto directo en la reducción de los costos para la ciudadanía, reconociendo que para la mejora de la regulación, la gestión y los procesos de la APF se deberían aprovechar las tecnologías de la información con el objetivo de facilitar la realización de trámites y la prestación de servicios a la ciudadanía, otro antecedente para su creación lo encontramos en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013, que señala como objetivo establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y el conocimiento, que contribuyera a construir una nueva relación entre la sociedad y el Estado, centrada en el individuo y en su experiencia como usuario de los servicios públicos, a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que permitan la transformación y modernización del gobierno y la mejora de los trámites y servicios públicos.
Sin embargo, lo anterior es letra muerta ya que pasó de ser una carta de buenas intenciones a un dolor de cabeza para el Regulado; las oficialías de partes electrónicas representan al día de hoy una plataforma nada amigable con el usuario y se han convertido en una carga regulatoria más para los Permisionarios/ Regulados del Sector y lo peor, al carecer de mantenimiento salen de operación en cualquier momento generando el desfase en el envío de información por parte del Regulado, además en algunos casos se triplica el envío de un mismo trámite cuando pudiera hacerse uno sólo.
Estas Oficialías de Partes congestionan al Regulado/Permisionario en el envío de información, generan duplicidad de turnos, implican inversión de tiempo para su carga en el sistema, pero lo más importante generan una sobrerregulación y esto se traduce en un costo para el regulado.
Los legisladores pudieran trabajar en una iniciativa de ley: “La Oficialía de Partes del Sector Energético”, en donde los usuarios y permisionarios pudieran ingresar en forma indistinta sus trámites, solicitudes, consultas, reportes, informes en una plataforma que concentre toda la información eliminando trámites tan innecesarios que se duplican o triplican como el de acreditar la personalidad del promovente ante la CRE, ASEA, CNH y SENER; el envío de la evidencia de incidentes o accidentes en las instalaciones ante la CRE, ASEA, CNH y SENER, entre otros.
Por otro lado, sería de mucha utilidad la asignación a cada uno de los permisionarios o regulados del Sector de un registro único de usuario que pudiera ser su propio RFC con independencia del número de instalaciones o tipo de permisos otorgados por la CRE o la CNH y que le permita, inclusive, enlazarlo con el portal del SAT para el caso del cumplimiento de algunas obligaciones.
Los días de respuesta de la ASEA y CRE han aumentado, en otras palabras, su eficiencia operativa ha disminuido, lo que representa un menor número de emisión de permisos, sus cesiones o modificaciones, así como un menor número de respuestas a consultas planteadas y mucho derivado por las ineficiencia en las OPE ́s.
Este Gobierno busca la austeridad, y para tal efecto ha implementado la eliminación de áreas que realizan duplicidad de funciones en algunas dependencias de la APF, pues que mejor ejemplo que el aquí expuesto para echar mano de esa austeridad y eliminar tantas oficialías de partes y concentrarlas en una sola, como lo han hecho en varios municipios desde hace algunos años, buscando ser mas eficientes en sus diversos trámites, recaudar más rápido los recursos y sobre todo facilitar el servicio al ciudadano.
¿Qué beneficios puede generar una ventanilla única de regulados del sector energía?
• Funciona como consulta general, para en tender que se requiere ante cada uno de los supuestos.
• Árbol Normativo. Ayuda a conocer todas las disposiciones que regulan al sector, en un sólo sitio.
• Orientación. Proveer de guías para hacer cada una de las gestiones o cumplimientos ante una autoridad.
• Gestión de Trámites. Despliega todos los trámites que se requieren para estar en cumplimiento de cada una de las actividades permisionarias en el sector.
• Buró de Permisionarios. Identifica a cada uno de los permisionarios de las diversas actividades.
• Semáforo de cumplimiento. Indica que estatus guarda cada regulado del sector. Agilizaría las cesiones de los títulos de permiso
•Ahorro en los gastos operativos y de personal.
Considero oportuno que todos los reguladores incluyendo CENACE, CENAGAS, se integraran en esta ventanilla única de regulados del sector energía, buscando así tres cosas:
1) Unificar y agilizar al sector.
2)Facilidad de cumplimiento de obligaciones del regulado.
3) Seguridad y Certeza Jurídica del regulado.
Si logramos perfeccionar y enriquecer esta propuesta, estoy seguro que lograremos mucho para el sector y además estoy convencido que esta iniciativa de ley no irá parar a la Corte por que nadie la querrá impugnar.
En días pasados en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio una votación unánime de los Ministros, al declarar la inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, con este precedente quedó demostrado que el Estado de Derecho persiste en México.
La actual legislatura de la Cámara de Diputados trabajaba arduamente en legislar todo aquello que sea necesario para delinear el proyecto de nación de la 4T, no importa mucho que esas reformas o leyes carecieran de técnica jurídica o legislativa, no importaba si fueran o no armónicas con el marco constitucional o si fueran o no congruentes con el respeto a las garantías individuales y derechos humanos elementales, lo importante era su aprobación, ya vendría el máximo órgano de Control Constitucional a decidir sobre su constitucionalidad; no me gusta ser pesimista y menos en estos tiempos ya de por si complicados no sólo para el sector, sino para todos. A la fecha faltan leyes que la Corte debe resolver como son: La Ley de Remuneraciones del Sector Público, La Ley de Austeridad Republicana, La Ley Orgánica de la Administración Pública, La Ley de Extinción de Dominio, La Ley de la Guardia Nacional, La Ley General de Educación, La cancelación del NAIM, La construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucia.
Ante este ímpetu legislativo, me gustaría retomar una propuesta que escribí hace más de dos años, creo que es momento de que empiecen los Diputados a ayudar y en especial los que integran la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y aquí las va una primera iniciativa para que no les cueste trabajo empezar desde cero.
Los regulados Sector Energético en su mayoría se encuentran atendidos por varias Oficialías de Partes, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia de Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos mejor conocida como la ASEA y en menor medida la relativa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la de la Secretaria de Energía. Estas oficialías de partes basadas
en plataformas tecnológicas que tienen sus antecedentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establecía la necesidad de impulsar la simplificación administrativa y la mejora regulatoria en toda la Administración Pública Federal (APF), procurando un impacto directo en la reducción de los costos para la ciudadanía, reconociendo que para la mejora de la regulación, la gestión y los procesos de la APF se deberían aprovechar las tecnologías de la información con el objetivo de facilitar la realización de trámites y la prestación de servicios a la ciudadanía, otro antecedente para su creación lo encontramos en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013, que señala como objetivo establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y el conocimiento, que contribuyera a construir una nueva relación entre la sociedad y el Estado, centrada en el individuo y en su experiencia como usuario de los servicios públicos, a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que permitan la transformación y modernización del gobierno y la mejora de los trámites y servicios públicos.
Sin embargo, lo anterior es letra muerta ya que pasó de ser una carta de buenas intenciones a un dolor de cabeza para el Regulado; las oficialías de partes electrónicas representan al día de hoy una plataforma nada amigable con el usuario y se han convertido en una carga regulatoria más para los Permisionarios/ Regulados del Sector y lo peor, al carecer de mantenimiento salen de operación en cualquier momento generando el desfase en el envío de información por parte del Regulado, además en algunos casos se triplica el envío de un mismo trámite cuando pudiera hacerse uno sólo.
Estas Oficialías de Partes congestionan al Regulado/Permisionario en el envío de información, generan duplicidad de turnos, implican inversión de tiempo para su carga en el sistema, pero lo más importante generan una sobrerregulación y esto se traduce en un costo para el regulado.
Los legisladores pudieran trabajar en una iniciativa de ley: “La Oficialía de Partes del Sector Energético”, en donde los usuarios y permisionarios pudieran ingresar en forma indistinta sus trámites, solicitudes, consultas, reportes, informes en una plataforma que concentre toda la información eliminando trámites tan innecesarios que se duplican o triplican como el de acreditar la personalidad del promovente ante la CRE, ASEA, CNH y SENER; el envío de la evidencia de incidentes o accidentes en las instalaciones ante la CRE, ASEA, CNH y SENER, entre otros.
Por otro lado, sería de mucha utilidad la asignación a cada uno de los permisionarios o regulados del Sector de un registro único de usuario que pudiera ser su propio RFC con independencia del número de instalaciones o tipo de permisos otorgados por la CRE o la CNH y que le permita, inclusive, enlazarlo con el portal del SAT para el caso del cumplimiento de algunas obligaciones.
Los días de respuesta de la ASEA y CRE han aumentado, en otras palabras, su eficiencia operativa ha disminuido, lo que representa un menor número de emisión de permisos, sus cesiones o modificaciones, así como un menor número de respuestas a consultas planteadas y mucho derivado por las ineficiencia en las OPE ́s.
Este Gobierno busca la austeridad, y para tal efecto ha implementado la eliminación de áreas que realizan duplicidad de funciones en algunas dependencias de la APF, pues que mejor ejemplo que el aquí expuesto para echar mano de esa austeridad y eliminar tantas oficialías de partes y concentrarlas en una sola, como lo han hecho en varios municipios desde hace algunos años, buscando ser mas eficientes en sus diversos trámites, recaudar más rápido los recursos y sobre todo facilitar el servicio al ciudadano.
¿Qué beneficios puede generar una ventanilla única de regulados del sector energía?
• Funciona como consulta general, para en tender que se requiere ante cada uno de los supuestos.
• Árbol Normativo. Ayuda a conocer todas las disposiciones que regulan al sector, en un sólo sitio.
• Orientación. Proveer de guías para hacer cada una de las gestiones o cumplimientos ante una autoridad.
• Gestión de Trámites. Despliega todos los trámites que se requieren para estar en cumplimiento de cada una de las actividades permisionarias en el sector.
• Buró de Permisionarios. Identifica a cada uno de los permisionarios de las diversas actividades.
• Semáforo de cumplimiento. Indica que estatus guarda cada regulado del sector. Agilizaría las cesiones de los títulos de permiso
•Ahorro en los gastos operativos y de personal.
Considero oportuno que todos los reguladores incluyendo CENACE, CENAGAS, se integraran en esta ventanilla única de regulados del sector energía, buscando así tres cosas:
1) Unificar y agilizar al sector.
2)Facilidad de cumplimiento de obligaciones del regulado.
3) Seguridad y Certeza Jurídica del regulado.
Si logramos perfeccionar y enriquecer esta propuesta, estoy seguro que lograremos mucho para el sector y además estoy convencido que esta iniciativa de ley no irá parar a la Corte por que nadie la querrá impugnar.
